El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebró sesiones extraordinarias este jueves 17 de septiembre de 2026, en las que se presentó el informe de actividades de la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2026. Durante la presentación, la consejera electoral Carla Humphrey hizo un llamado a que la defensa de los derechos de las mujeres trascienda los discursos y se traduzca en acciones concretas al interior del Instituto.
Humphrey subrayó la necesidad de garantizar, promover y respetar los derechos humanos de las mujeres, así como de asegurar espacios laborales igualitarios y libres de violencias. Este posicionamiento se da en un contexto donde las instituciones públicas enfrentan el reto de cerrar brechas de género y erradicar conductas discriminatorias en sus estructuras internas.
En el mismo encuentro, las y los consejeros aprobaron por unanimidad de votos resoluciones relacionadas con procedimientos de remoción de consejeras y consejeros electorales. Estos procedimientos se refieren a hechos que podrían configurar alguna de las causales previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La decisión implica que el órgano máximo del INE ejerció su facultad legal para evaluar conductas que podrían ameritar la separación de funcionarios electorales.
La resolución de estos casos es relevante porque los consejeros electorales son responsables de organizar las elecciones y garantizar la equidad en la contienda. Cualquier señalamiento sobre su desempeño o conducta impacta directamente en la confianza ciudadana en el sistema electoral. Aunque el informe no detalla los nombres ni los hechos específicos, la aprobación unánime sugiere que los expedientes fueron analizados con base en la normativa vigente.
Adicionalmente, el Consejo General aprobó proyectos de acuerdo para dar cumplimiento a dos sentencias de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recaídas en los recursos de apelación SCM-RAP-160/2025 y SCM-RAP-54/2025. Estas resoluciones judiciales obligan al INE a ajustar sus actuaciones conforme a lo ordenado por el tribunal, lo que refuerza el principio de legalidad y la revisión judicial de los actos administrativos electorales.
El cumplimiento de sentencias del TEPJF es una práctica común que busca asegurar que las decisiones del INE se mantengan dentro del marco constitucional y legal. En este caso, los recursos de apelación pudieron haber surgido de inconformidades con actos previos del Instituto, y su resolución por la Sala Regional implica una revisión de fondo que ahora el Consejo General debe acatar.
Para la ciudadanía, estos acuerdos tienen un efecto indirecto pero importante: garantizan que las reglas del juego electoral se apliquen de manera uniforme y que los órganos encargados de organizar las elecciones actúen con apego a derecho. La transparencia en los procedimientos de remoción y el cumplimiento de sentencias contribuyen a fortalecer la credibilidad en las instituciones democráticas.
El informe de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación también deja ver que el INE mantiene una agenda interna de derechos humanos y equidad, aunque los resultados concretos de esas políticas no se detallan en el resumen disponible. La consejera Humphrey insistió en que no basta con declaraciones, sino que se requieren acciones verificables para prevenir la violencia de género y la discriminación dentro del Instituto.
Con estas decisiones, el INE cierra una jornada de sesiones extraordinarias en la que atendió asuntos internos de igualdad, resolvió procedimientos de remoción y dio cumplimiento a mandatos judiciales. El impacto de estas medidas se verá reflejado en la integración y el funcionamiento de los órganos electorales, así como en la confianza pública en los procesos democráticos del país.