El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los topes máximos de gasto de precampaña por precandidatura y de campaña para la elección de diputaciones federales por mayoría relativa del Proceso Electoral Federal 2026-2027. La decisión fija los límites de dinero que podrán erogar los aspirantes y las campañas en la contienda que desembocará en las elecciones de 2027, un paso administrativo que condiciona la forma en que los partidos y sus abanderados podrán financiar sus actividades proselitistas.
Durante la misma sesión, el Consejo General designó presidencias y consejerías de nueve Organismos Públicos Locales, instancias encargadas de organizar los comicios en las entidades. El consejero electoral Uuc-kib Espadas señaló que se revisó la idoneidad de los perfiles y se consideró que cuentan con la trayectoria necesaria para asumir el encargo. Estas designaciones son relevantes porque los organismos locales serán los responsables directos de la operación de las elecciones de 2027 en sus territorios.
La consejera electoral Carla Humphrey subrayó que la confianza pública no depende únicamente de la correcta organización de los comicios, sino también de la manera en que las instituciones administran sus recursos y rinden cuentas a la ciudadanía. Su intervención apunta a uno de los ejes que el árbitro electoral ha colocado en el centro de su discurso: la fiscalización del dinero público y la transparencia como condiciones para sostener la legitimidad de los procesos electorales.
En materia de fiscalización, el consejero electoral Arturo Chávez advirtió que no puede circular más dinero del que legalmente se autorizó e invitó a reducir al mínimo el uso de efectivo en campañas y precampañas. La recomendación busca facilitar el rastreo de los recursos y disminuir los riesgos de opacidad en el financiamiento de las actividades políticas, un tema que históricamente ha generado cuestionamientos durante los procesos electorales.
El Consejo General también aprobó por unanimidad los lineamientos para verificar el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes en los Procesos Electorales Locales 2026-2027. La verificación se realizará mediante la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”, herramienta con la que se busca facilitar la capacitación y la validación de los respaldos de la ciudadanía, así como reforzar la transparencia y la certeza durante el registro de este tipo de candidaturas.
El uso de una aplicación móvil para recabar y validar firmas implica un cambio operativo para quienes buscan competir sin el respaldo de un partido político. Los aspirantes independientes deberán reunir un porcentaje de apoyo ciudadano y someterlo a revisión de la autoridad electoral; la plataforma digital busca ordenar ese procedimiento y dar mayor certeza sobre la autenticidad de los respaldos, aunque su aplicación práctica dependerá de la capacitación y del acceso que tengan los interesados a la herramienta.
Además, las y los consejeros aprobaron el Programa integral para la promoción de espacios laborales seguros, inclusivos y libres de violencia en el Instituto Nacional Electoral. La consejera Carla Humphrey destacó la importancia de proteger al personal del Instituto, un planteamiento que coloca la seguridad interna de la institución como parte de su agenda de gestión.
En conjunto, los acuerdos de la sesión abarcan tres frentes: el dinero que podrá gastarse en la contienda de 2027, las reglas para validar el respaldo ciudadano a candidaturas independientes y las condiciones laborales dentro del propio organismo electoral. Para la ciudadanía, el efecto más visible será el marco bajo el cual se fiscalizarán los recursos de la próxima elección federal y la forma en que se verificarán las firmas de quienes buscan un lugar en la boleta sin partido.