Un senador de la República planteó que la Secretaría de Relaciones Exteriores condicione el trámite y la renovación del pasaporte mexicano a la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. La propuesta busca cerrar un posible resquicio para que quienes tienen adeudos de pensión alimenticia puedan salir del país sin cumplir con esa obligación.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias concentra información sobre personas que han sido señaladas por incumplir con el pago de alimentos a menores o dependientes económicos. Su existencia responde a una reforma legal que busca dar herramientas a las autoridades para dar seguimiento a esos casos y evitar que los deudores evadan sus responsabilidades mediante cambios de residencia o salidas del territorio nacional.
Hasta ahora, el pasaporte se tramita con documentos de identidad, nacionalidad y pago de derechos, sin que el historial alimentario aparezca como un requisito explícito. La propuesta del legislador apunta a que la cancillería verifique ese registro antes de autorizar la emisión o renovación del documento, lo que en la práctica añadiría un filtro adicional para quienes mantienen obligaciones pendientes.
La medida, de concretarse, tendría un efecto directo sobre miles de trámites que se realizan cada año en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los módulos desconcentrados. También implicaría ajustes operativos para la dependencia, que tendría que cruzar información con el registro alimentario y definir cómo se acreditaría el certificado en cada caso.
Para las personas que sí cumplen con sus obligaciones alimentarias, el cambio no representaría un obstáculo mayor, aunque sí un paso adicional en el proceso. Para quienes tienen adeudos, la exigencia podría traducirse en la imposibilidad de obtener el pasaporte hasta regularizar su situación, lo que a su vez limitaría la posibilidad de viajar al extranjero.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre los mecanismos para hacer efectivo el pago de pensiones alimenticias en México. Organizaciones civiles y colectivos de madres han señalado en distintos momentos que los deudores alimentarios suelen recurrir a estrategias para evadir sus obligaciones, entre ellas la salida del país o el cambio de empleo formal.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue creado como una herramienta de consulta para autoridades judiciales y administrativas, pero su operación efectiva depende de que los tribunales alimentarios alimenten la base de datos y de que otras dependencias la utilicen como filtro. La propuesta del senador busca precisamente que la cancillería se sume a ese esquema de verificación.
Por ahora se trata de una solicitud pública, no de una medida en vigor. Cualquier cambio en los requisitos del pasaporte requeriría una modificación normativa o un acuerdo administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de coordinación con las instancias que administran el registro alimentario. El debate sobre su viabilidad y alcance queda abierto en el espacio legislativo.