El reconocimiento pleno de la optometría dentro del sistema de salud pública mexicano volvió a colocarse en la agenda legislativa. El senador Luis Fernando Salazar Fernández subrayó la necesidad de establecer una ruta que garantice a las personas con algún padecimiento visual un diagnóstico temprano para prevenir afectaciones graves, sin que el acceso a la atención dependa de su situación económica o lugar de residencia.
La propuesta parte de una realidad documentada por especialistas en salud visual: muchas enfermedades de la vista avanzan de forma silenciosa y solo se detectan cuando el daño ya es irreversible. La catarata, el glaucoma, la retinopatía diabética y los errores refractivos no corregidos figuran entre las principales causas de pérdida visual en México, según datos de organismos de salud.
En el país, la optometría se ha desarrollado como una disciplina universitaria con formación científica y clínica, pero su integración al sistema público de salud ha sido desigual. Los profesionales del ramo sostienen que su reconocimiento pleno permitiría ampliar la capacidad de detección temprana, sobre todo en zonas rurales y en comunidades donde no hay oftalmólogos disponibles de manera permanente.
La atención visual en México enfrenta una brecha estructural. Mientras en las grandes ciudades existen consultorios y hospitales con servicios especializados, en municipios alejados la población debe recorrer largas distancias para una revisión. Esa desigualdad territorial se combina con el costo de los lentes y tratamientos, que para muchas familias representa un gasto imposible de cubrir.
El planteamiento del legislador apunta a que el acceso a la salud visual no dependa del ingreso ni del código postal. En la práctica, eso implicaría definir con claridad las competencias de los optometristas, incorporarlos a los equipos de atención primaria y establecer protocolos de referencia para los casos que requieran atención oftalmológica especializada.
La discusión también toca el terreno de la formación profesional. Las universidades que imparten la carrera han señalado la necesidad de homologar planes de estudio y de que las autoridades sanitarias reconozcan las credenciales de quienes egresan, a fin de evitar que la atención quede en manos de personal sin preparación certificada.
Para la población, el impacto sería directo: revisiones más oportunas, detección temprana de padecimientos como el glaucoma y la retinopatía diabética, y menor riesgo de ceguera evitable. La Organización Mundial de la Salud estima que una parte importante de los casos de discapacidad visual pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo.
El reto no es menor. Cualquier cambio en el reconocimiento de una profesión de salud implica modificar normativas, asignar presupuesto y coordinar a instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y los servicios estatales. Sin esa articulación, el diagnóstico temprano seguirá siendo una aspiración para millones de mexicanos.
La salud visual es una de las áreas donde la prevención rinde más y cuesta menos. Incorporar plenamente a la optometría en el sistema público no resolvería por sí solo el problema, pero sí cerraría una puerta a la ceguera evitable y acercaría la atención a quienes hoy no pueden pagarla.