La consejera electoral Carla Humphrey planteó la necesidad de restaurar la colegialidad en el Instituto Nacional Electoral (INE), al sostener que la reforma legal de octubre de 2024 concentró atribuciones en la presidencia del organismo y redujo los espacios de deliberación colectiva. El planteamiento se centra en un principio que, según su análisis, definió desde su creación al organismo autónomo encargado de organizar los comicios federales.
La colegialidad, explicó, implica que las decisiones de la autoridad electoral no dependan de una sola persona, sino de un cuerpo de consejeras y consejeros de igual jerarquía que discuten y votan los asuntos relevantes. Ese diseño quedó establecido en la Constitución al crearse el entonces Instituto Federal Electoral en 1990 y se mantuvo cuando el organismo se transformó en el INE en 2014.
Ese esquema también se traduce en la distribución de tareas mediante comisiones auxiliares, donde se abordan temas como organización electoral, capacitación, voto de mexicanos en el extranjero, prerrogativas de partidos y fiscalización. La consejera sostiene que esa división de responsabilidades permitió a la autoridad electoral garantizar procesos confiables tanto a la ciudadanía como a los actores políticos, con independencia de quién obtuviera el triunfo.
El punto de quiebre que identifica es la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en octubre de 2024, que otorgó a la presidencia del INE facultades directas para nombrar titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas que integran la Junta General Ejecutiva, sin requerir el consenso de las consejerías. Humphrey califica esa modificación de inconstitucional.
Según su lectura, esa concentración de atribuciones derivó en nombramientos unilaterales durante la gestión de Guadalupe Taddei, sin los filtros de análisis de trayectorias, entrevistas técnicas ni la mayoría calificada del Consejo General. Añade que algunos de esos nombramientos fueron cuestionados por presuntos conflictos de interés y falta de experiencia, y que varias consejerías los impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El debate tiene consecuencias prácticas para la ciudadanía porque el INE no solo organiza elecciones, también regula el financiamiento de partidos, fiscaliza recursos y coordina la capacitación de funcionarios de casilla. La forma en que se toman esas decisiones incide en la confianza pública y en la capacidad del organismo para responder a impugnaciones y controversias electorales.
Humphrey sostiene que ni el IFE ni el INE fueron concebidos para depender de una sola persona y que su fortaleza reside en la pluralidad de sus integrantes y en la deliberación argumentada. Por ello, llama al Poder Legislativo a devolver la colegialidad a la autoridad electoral, en un contexto donde la integración y las reglas de operación del organismo son materia de discusión pública.
El planteamiento se produce en un momento en que el sistema electoral mexicano enfrenta cuestionamientos sobre la independencia de sus órganos y la distribución interna del poder. La discusión sobre la colegialidad no es menor: define quién decide los criterios operativos de cada proceso electoral y cómo se responden las controversias que afectan a partidos, candidaturas y votantes.