La organización del próximo proceso electoral sigue en marcha pese a la controversia por los señalamientos publicados contra la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó el consejero electoral Martín Faz. En entrevista radiofónica, el funcionario indicó que los lineamientos generales de la elección ya fueron aprobados y se aplican en los consejos locales y las juntas distritales, aunque reconoció que el momento es delicado para la institución.
El punto central de su postura es la exigencia de una explicación profunda por parte de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Faz sostuvo que, si existe la posibilidad de un conflicto de interés, la respuesta debe ser a fondo porque ello incide directamente en la credibilidad del organismo. Aclaró que no corresponde opinar sobre la vida personal de la funcionaria, pero sí sobre las consecuencias institucionales de los cuestionamientos.
El consejero ubicó el origen del problema en la reforma electoral de octubre de 2024, que trasladó a la presidencia del instituto la facultad exclusiva de nombrar a las direcciones ejecutivas, antes atribución colegiada del conjunto de consejerías. Según su versión, ese cambio rompió la lógica de decisiones compartidas y eliminó la obligación legal de consultar a las demás consejerías sobre esos nombramientos.
Ese ajuste, explicó, derivó en cuestionamientos sobre algunos perfiles designados, al grado de que se acudió al Tribunal Electoral por nombramientos que no cumplían con los requisitos previstos. Faz señaló que la ley ya no exige consultar, lo que reduce los contrapesos internos y concentra responsabilidades en la presidencia del organismo.
Sobre la permanencia de Taddei, el consejero evitó pronunciarse como si tuviera facultad para decidirla y la describió como una valoración que solo ella puede hacer. Insistió, sin embargo, en que la obligación de aclarar los señalamientos corresponde a la propia presidenta y que esa respuesta es necesaria para preservar la confianza pública en el árbitro electoral.
En paralelo, Faz defendió la continuidad operativa del instituto y la solidez de su personal de carrera. Afirmó que el Servicio Profesional Electoral, integrado por alrededor de 16 mil personas, accedió a sus cargos mediante concursos y calificó a ese cuerpo como el servicio civil de carrera más profesional del país. Esa estructura, dijo, es la que sostiene la organización de la elección mientras se resuelve la controversia política.
El Consejo General, recordó, es el máximo órgano de dirección del INE, y los lineamientos ya aprobados se están ejecutando en el territorio. Para la ciudadanía, el mensaje práctico es que la maquinaria electoral no se ha detenido, aunque la incertidumbre sobre la conducción del instituto puede afectar la percepción pública sobre la imparcialidad de las autoridades electorales.
La discusión ocurre en un contexto en el que la credibilidad de los árbitros electorales es un activo central para la participación ciudadana. Cualquier señal de opacidad en las decisiones internas o en los nombramientos puede traducirse en desconfianza hacia los resultados, por lo que la claridad sobre los señalamientos y la forma en que se resuelvan será determinante para el desarrollo del proceso electoral en curso.