La violencia política contra las mujeres no solo ocurre en mítines o sesiones de cabildo; también se manifiesta en redes sociales, donde la rapidez de la difusión y las noticias falsas amplifican el daño. Ante este escenario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desarrollado criterios y herramientas para proteger los derechos político-electorales de las mujeres, como lo explicó la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, de la Sala Regional Guadalajara, en el más reciente episodio del podcast 'Likes y Leyes'.
En el episodio, Cervantes Bravo analizó cómo la desinformación se ha convertido en un arma para desacreditar a las candidatas y funcionarias, y subrayó el papel de las autoridades electorales para sancionar estas conductas. La magistrada detalló que el TEPJF ha establecido que la violencia política de género en el ámbito digital puede ser considerada una infracción electoral, siempre que se acredite que tiene un impacto en el ejercicio de los derechos políticos de la mujer.
El podcast, producido por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, busca acercar a la ciudadanía el análisis de temas de derecho electoral y democracia digital. En cada entrega, especialistas y magistrados abordan casos prácticos y explican los mecanismos legales disponibles para las víctimas. En esta ocasión, el énfasis estuvo en la necesidad de que las mujeres denuncien los ataques en línea, pues muchas veces no saben que estas agresiones pueden ser sancionadas.
La violencia política digital de género incluye desde comentarios sexistas y difamaciones hasta la suplantación de identidad y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Según datos de organizaciones civiles, en México este tipo de agresiones ha aumentado en los últimos procesos electorales, afectando principalmente a mujeres que buscan cargos de elección popular o que ya ocupan un puesto de representación.
El TEPJF, a través de sus salas regionales, ha emitido sentencias en las que ordena a las plataformas digitales eliminar contenido violento y a los partidos políticos implementar medidas para prevenir estas conductas. Además, ha establecido que los partidos son responsables de los actos de violencia política de género cometidos por sus militantes o simpatizantes, lo que ha llevado a sanciones económicas y a la pérdida de registro de candidaturas en casos graves.
Para las víctimas, el proceso de denuncia puede iniciarse ante el INE o el TEPJF, presentando pruebas de las agresiones, como capturas de pantalla o ligas de los mensajes. Las autoridades tienen la facultad de dictar medidas cautelares, como la eliminación inmediata del contenido, mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la magistrada Cervantes Bravo reconoció que aún existen retos, como la dificultad de identificar a los agresores que actúan bajo perfiles falsos.
El episodio de 'Likes y Leyes' forma parte de una serie de esfuerzos institucionales por visibilizar este problema y educar a la ciudadanía. El INE y el TEPJF han impulsado campañas en redes sociales y talleres para que las mujeres conozcan sus derechos y los mecanismos de protección. También han llamado a las plataformas digitales a colaborar más activamente en la moderación de contenidos que constituyan violencia política de género.
En la práctica, estas acciones buscan que las mujeres puedan participar en la vida política sin miedo a ser atacadas por su condición de género. La violencia digital no solo afecta a la víctima directa, sino que también desalienta a otras mujeres a incursionar en la política, lo que debilita la democracia. Por ello, el TEPJF ha insistido en que la igualdad sustantiva no se logra solo con leyes, sino con una aplicación efectiva de las mismas.
El podcast está disponible en el sitio oficial del INE y en plataformas de streaming, y se invita a la ciudadanía a suscribirse para seguir los análisis sobre derecho electoral y democracia digital. Con este tipo de contenidos, las autoridades buscan cerrar la brecha entre la legislación y la realidad que enfrentan las mujeres en el ámbito político, especialmente en el contexto de los próximos procesos electorales.