La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa ha capacitado a 1,180 personas servidoras públicas en materia de ética, integridad y diferenciación entre el Código de Ética y el Código de Conducta durante el presente ejercicio, según informó la dependencia estatal. La formación, coordinada por el Comité de Ética y Conflictos de Intereses, busca que el personal conozca los principios, valores y responsabilidades que se esperan de su actuar, así como las normas y órganos que los rigen.
El secretario técnico de la dependencia y presidente del Comité, Jorge Enrique Inzunza Osuna, y el jefe del Departamento de Soporte Legal de la Subsecretaría de Auditoría, Moisés Enrique Castillo López, estuvieron a cargo de las sesiones de sensibilización. Durante estas actividades se enfatizó la importancia del autoconocimiento y la identificación de fortalezas personales para resolver los dilemas que se presentan en los centros de trabajo y en el ejercicio de funciones.
Inzunza Osuna subrayó el interés de la titular de la Secretaría, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, de que la administración pública cuente con mejores personas y, por tanto, mejores funcionarios, que actúen con valores y reglas de integridad en favor de la sociedad. La capacitación incluyó a personal de las subsecretarías de Responsabilidades y Normatividad, de Transparencia y Contraloría Social, de Auditoría, así como del Despacho de la Titular.
Este tipo de formación forma parte de los mecanismos preventivos que las autoridades estatales utilizan para fortalecer la conducta ética del servicio público. La existencia de códigos de ética y conducta, así como de comités internos, permite establecer expectativas claras sobre el comportamiento funcionarial y crear canales para identificar y atender posibles conflictos de interés.
Para la ciudadanía, la capacitación de servidores públicos en estos temas tiene un impacto directo en la calidad de los servicios y en la confianza hacia las instituciones. Un funcionariado que conoce sus responsabilidades y los límites de su actuación puede reducir prácticas como el abuso de poder, la discrecionalidad indebida o la corrupción, aunque el efecto real depende de que estos principios se traduzcan en acciones cotidianas y de que existan mecanismos efectivos de sanción.
El alcance de la capacitación reportada, que abarca a más de mil empleados estatales, sugiere un esfuerzo por homogenizar criterios éticos en distintas áreas del gobierno. Sin embargo, la información disponible no detalla la duración de las sesiones, los contenidos específicos ni los indicadores con los que se medirá su efectividad, elementos que serían útiles para valorar el impacto real de la iniciativa.
La transparencia y la rendición de cuentas son temas sensibles para la población, que demanda un ejercicio público honesto y cercano. La capacitación en valores y principios es un paso inicial, pero su efectividad requiere complementarse con sistemas de evaluación, denuncia y sanción que permitan detectar y corregir conductas indebidas. La sociedad sinaloense tiene interés en conocer no solo cuántas personas fueron capacitadas, sino también si se han producido cambios verificables en el desempeño de las instituciones.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas no especificó si estas capacitaciones tendrán continuidad en el próximo ejercicio fiscal ni si se aplicarán evaluaciones para medir la asimilación de los contenidos. Tampoco se informó sobre casos concretos en los que la formación haya derivado en sanciones o mejoras administrativas. Estos datos serían relevantes para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a un tema que afecta la vida cotidiana y la relación entre gobierno y gobernados.