El gobierno de Sinaloa incorporó nuevas instituciones públicas a su programa de eficiencia energética, una estrategia que busca reducir el consumo de electricidad mediante cambios de hábitos en oficinas y planteles, y que hasta ahora reporta ahorros de hasta 11% en el consumo, con un caso documentado de más de un millón de pesos en un edificio de Culiacán.
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) informó que en esta etapa se sumaron la Unidad Administrativa de Los Mochis, la Unidad de Servicios Estatales de Guamúchil, la Unidad Administrativa de Mazatlán, el Centro de Ciencias, el Instituto Tecnológico de Culiacán y la Universidad Tecnológica de Culiacán, cuyos comités de eficiencia energética tomaron protesta para dar seguimiento a las medidas.
El programa opera con un esquema de diagnóstico y acompañamiento. Personal especializado acude a cada institución, elabora un plan según sus necesidades y propone acciones para bajar el consumo; después, el comité interno ejecuta las medidas y entrega resultados mes con mes. Si los indicadores no mejoran, se realizan visitas de seguimiento para detectar áreas de oportunidad.
Entre las acciones promovidas están el uso adecuado de aires acondicionados, su limpieza y mantenimiento, recorridos vespertinos para verificar el apagado de luces y equipos, colocación de señalética y pláticas de concientización. El secretario de SEBIDES, Francisco Javier Barrón Aguayo, mencionó que también se promueven medidas domésticas, como mantener el aire en 24 grados e impermeabilizar de blanco las viviendas.
La meta mínima del programa es alcanzar 5% de ahorro energético, mientras que el objetivo es llegar a 14%. Hasta ahora, las acciones implementadas han permitido llegar a 11% de ahorro. El caso más visible es el Edificio 3 Ríos, donde se reporta un ahorro superior a un millón de pesos y una reducción de más de 1.6 millones de kilowatts-hora.
Actualmente el programa está implementado en la Unidad de Servicios Estatales, la Unidad de Gobierno de Tres Ríos, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, Palacio Legislativo y la sede del SEPYC. La estrategia también busca consolidar una cultura de responsabilidad ambiental dentro de las instituciones públicas.
El propio gobierno estatal reconoce un reto para medir resultados: el incremento en el precio de la electricidad puede reducir el ahorro monetario, por lo que la prioridad se mantiene en disminuir el consumo de kilowatts-hora y hacer un uso más eficiente de la energía, más allá del impacto económico inmediato.
Para la ciudadanía, el alcance de este tipo de programas depende de que las medidas se sostengan en el tiempo y se traduzcan en menores costos operativos para las instituciones. El seguimiento mensual de los comités y las visitas correctivas serán claves para verificar si los ahorros reportados se mantienen y si nuevas dependencias se suman a la estrategia.