Funcionarios responsables de la operación de al menos 15 edificios administrativos del gobierno de Sinaloa recibieron capacitación para reducir el consumo de electricidad en sus inmuebles, una medida que busca disminuir el gasto público en recibos de luz y las emisiones de dióxido de carbono asociadas al uso de energía. La actividad fue organizada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y se centró en el Programa de Eficiencia Energética.
Entre los inmuebles considerados están el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y el Palacio Legislativo, además de otras sedes administrativas. La capacitación se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán y fue impartida por el titular del Departamento de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética, Iván Levi Covarrubias García, de acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal.
El esquema de trabajo se apoya en comités internos. Cada edificio cuenta con un Comité Interno para el uso eficiente de la energía, cuyos integrantes recibieron la instrucción. "Estos edificios cuentan con un Comité Interno para el uso eficiente de la energía, al cual capacitamos para así obtener los mejores resultados", señaló Covarrubias García.
La coordinación corrió a cargo de la Dirección de Uso Sustentable del Agua y Energía, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable. El objetivo declarado es que los operadores de los inmuebles cuenten con herramientas para optimizar el consumo eléctrico en las distintas áreas de los edificios públicos, desde iluminación hasta equipos de oficina y climatización.
El ahorro de energía en inmuebles gubernamentales tiene un efecto directo en las finanzas estatales, pues el pago de electricidad forma parte de los gastos de operación de las dependencias. Una reducción sostenida del consumo libera recursos que pueden destinarse a otros servicios, aunque el gobierno no precisó en la información difundida una meta porcentual de ahorro ni un monto estimado de lo que se dejará de pagar.
El componente ambiental también es relevante. La electricidad que se consume en México proviene en buena medida de fuentes fósiles, por lo que disminuir la demanda en edificios públicos contribuye a bajar las emisiones de CO₂. El programa estatal se presenta como una forma de que las instituciones públicas adopten prácticas de uso responsable de la energía.
La capacitación no implica por sí sola una reducción automática del consumo. El resultado dependerá de que los comités internos apliquen y den seguimiento a las medidas en cada inmueble, y de que existan mecanismos para medir el consumo antes y después de las acciones. La información oficial no detalla si se llevará un registro comparativo ni si habrá evaluaciones periódicas.
Para la ciudadanía, el impacto más visible sería un menor gasto operativo del gobierno estatal, mientras que el efecto ambiental se reflejaría en la reducción de emisiones. El programa también sienta un precedente sobre cómo las dependencias pueden organizar el uso de energía en sus propias instalaciones, un aspecto que suele pasar desapercibido frente a políticas ambientales de mayor escala.
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, encabezada por Francisco Javier Barrón Aguayo, presentó la iniciativa como parte de una cultura de eficiencia energética en las dependencias estatales. Queda por verse si el esquema se extiende a más edificios y si los resultados se hacen públicos con indicadores concretos de consumo y ahorro.