El Senado de la República turnó a comisiones la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que reforma diversas disposiciones legales para garantizar entornos digitales seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes. El objetivo central es que las plataformas y aplicaciones que operan en México adopten medidas obligatorias para proteger los datos personales de los menores y prevenir el ciberacoso y otras formas de violencia digital.
La minuta, que modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras normas relacionadas, establece que las empresas de tecnología deberán implementar mecanismos de verificación de edad, controles parentales y protocolos de respuesta ante denuncias de abuso. Además, se contemplan sanciones económicas para quienes incumplan, así como la obligación de reportar incidentes a las autoridades.
La iniciativa también busca armonizar la legislación nacional con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Expertos en derechos digitales han señalado que la medida es un avance, aunque advierten sobre la necesidad de equilibrar la protección con el derecho a la privacidad y el acceso a la información.
Para las familias, la reforma implicaría que las plataformas como redes sociales, videojuegos en línea y servicios de streaming deberán ofrecer opciones más claras de control parental y mecanismos de denuncia accesibles. Los padres podrán solicitar la eliminación de datos personales de sus hijos y las empresas tendrán que responder en plazos definidos.
En el Senado, la minuta fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de Estudios Legislativos, donde se realizarán foros de consulta con especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la industria tecnológica. Se espera que el dictamen sea discutido en el pleno durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
La reforma ha generado opiniones divididas. Mientras que organizaciones defensoras de la infancia la consideran un paso necesario, algunas empresas del sector han expresado su preocupación por los costos de implementación y la posible afectación a la innovación. Sin embargo, los legisladores impulsores sostienen que la protección de los menores es una prioridad que no puede postergarse.
De aprobarse en el Senado, la minuta pasará al Ejecutivo federal para su promulgación. La nueva ley contemplaría un plazo de 180 días para que las plataformas adecúen sus políticas y sistemas. Mientras tanto, se recomienda a padres y tutores mantenerse informados sobre las herramientas de seguridad disponibles y denunciar cualquier incidente ante las autoridades competentes.