El comercio ilícito de autopartes dejó de ser un fenómeno exclusivo de tianguis y talleres clandestinos. La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que el robo de componentes automotrices y su posterior venta encontraron en las plataformas digitales un canal que las autoridades no han logrado frenar con las herramientas legales vigentes.
La legisladora sostuvo que las disposiciones actuales no contemplan de manera específica la comercialización de piezas robadas a través de internet, lo que deja un vacío que los vendedores irregulares aprovechan para colocar mercancía sin trazabilidad y con mínima exposición.
El planteamiento de Guerra Mena apunta a que las sanciones penales y administrativas reconozcan esas nuevas modalidades. En la práctica, eso implicaría que las plataformas digitales asuman algún grado de responsabilidad sobre lo que se anuncia en sus catálogos, un terreno donde la regulación mexicana aún es incipiente.
El robo de autopartes es uno de los delitos con mayor incidencia en zonas urbanas del país. Las cifras oficiales muestran que las entidades con mayor volumen de vehículos, como el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, concentran buena parte de los casos, aunque el problema se extiende a prácticamente todo el territorio.
Para los propietarios de automóviles, el impacto es doble: primero por el costo de reponer las piezas sustraídas y luego por el riesgo de adquirir componentes robados sin saberlo. La falta de mecanismos de verificación en las compras en línea agrava esa exposición.
La propuesta también toca a los compradores. Si las plataformas no cuentan con controles claros sobre el origen de las autopartes, un usuario común puede terminar involucrado en una cadena de comercio ilícito sin haber tenido intención de participar en ella.
El debate sobre la responsabilidad de los intermediarios digitales no es nuevo. En otros sectores, como la venta de medicamentos o de especies protegidas, las autoridades han tenido que definir hasta dónde llega la obligación de las empresas tecnológicas de vigilar lo que se publica en sus sitios.
La propuesta de la senadora se suma a un reclamo recurrente de víctimas y asociaciones de automovilistas, que piden mecanismos más eficaces para rastrear el destino de las piezas robadas y sancionar tanto a quien las coloca como a quien las adquiere de forma irregular.
El reto legislativo será equilibrar la persecución del delito con la operación legítima de miles de pequeños comerciantes de autopartes que usan internet como su principal canal de venta. Cualquier cambio normativo deberá distinguir con claridad entre el comercio formal y las redes de comercialización ilícita.