Un senador del Partido del Trabajo presentó una iniciativa que busca prohibir que los menores de 13 años creen, contraten, registren, mantengan o utilicen cuentas en redes sociales, mediante una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta coloca el debate sobre la edad mínima digital en el centro de la agenda legislativa, en un momento en que el uso de plataformas sociales entre niños y adolescentes es prácticamente cotidiano en México.
El planteamiento no se limita a sugerir una recomendación para padres o escuelas: pretende elevar la restricción al rango de obligación legal dentro del marco que actualmente protege los derechos de la niñez. Eso implica que la discusión no solo gira en torno a la edad, sino también a quién vigila el cumplimiento, cómo se verifica la edad de un usuario y qué ocurre con las cuentas que ya existen.
La mayoría de las plataformas globales fija en 13 años la edad mínima para abrir una cuenta, una política heredada de la legislación estadounidense de finales de los años noventa. En la práctica, esa barrera se ha vuelto porosa: muchos menores la sortean con datos falsos o con el consentimiento de un adulto, y las empresas rara vez cuentan con mecanismos robustos de verificación.
México no es ajeno a esa tensión. Durante años, autoridades educativas y de protección civil han advertido sobre riesgos asociados al uso temprano de redes: exposición a contenido violento o sexual, ciberacoso, retos virales peligrosos, fraudes y contacto con desconocidos. También hay una cara menos visible: la recopilación de datos personales de menores con fines publicitarios y la dificultad de las familias para supervisar el tiempo de pantalla.
Una prohibición legal, sin embargo, enfrenta obstáculos prácticos. Verificar la edad real de un usuario exige documentos oficiales o sistemas de identidad digital, lo que a su vez plantea preguntas sobre privacidad y sobre el tratamiento de datos de toda la población. Además, una restricción estricta podría empujar a los menores hacia plataformas menos reguladas o hacia el uso de cuentas a nombre de terceros, sin que eso reduzca el riesgo.
El debate también toca a los padres y a las escuelas. Si la ley prohíbe, ¿qué pasa con las familias que deciden permitir el acceso como parte de la socialización de sus hijos? ¿Se sanciona a las plataformas, a los tutores o a ambos? La iniciativa no resuelve por sí sola esas preguntas, pero las coloca en el terreno legislativo, donde tendrían que definirse con precisión para no quedar como un enunciado sin aplicación.
En otros países se han explorado caminos intermedios: controles parentales obligatorios, límites de tiempo, prohibición de publicidad dirigida a menores y auditorías independientes a los algoritmos. Algunas jurisdicciones han optado por prohibiciones más amplias para adolescentes, con resultados aún en evaluación. La experiencia internacional sugiere que la edad mínima, por sí sola, no garantiza protección si no va acompañada de supervisión y diseño de producto.
Para la ciudadanía, el efecto más inmediato de esta discusión es la posibilidad de que cambien las reglas de acceso a servicios digitales que hoy se usan a diario. Cualquier reforma en este sentido tendría que definir plazos, autoridades responsables y mecanismos de verificación antes de entrar en vigor, además de prever campañas de información para las familias.
La iniciativa apenas inicia su ruta legislativa: deberá pasar por comisiones, dictámenes y eventualmente el pleno, donde puede modificarse o quedar sin efecto. Por ahora, lo relevante es que el tema entra a la agenda formal y abre una discusión que involucra derechos de la niñez, privacidad, responsabilidad de las plataformas y vida cotidiana de millones de hogares mexicanos.