Las personas privadas de la libertad en Quintana Roo podrán realizar trámites de identificación electoral dentro de los centros penitenciarios de Cancún, Chetumal y Cozumel, luego de que el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal firmaron un convenio de coordinación para acercar los servicios registrales y la expedición de la Credencial para Votar con Fotografía.
El acuerdo no se limita a la entrega del documento. También prevé la organización de jornadas registrales, el acceso del personal autorizado, condiciones de accesibilidad, igualdad de trato, ajustes razonables cuando correspondan y capacitación para el personal involucrado, además de mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones.
La operación deberá ajustarse a las condiciones de seguridad y organización de cada centro penitenciario. Ese punto es central porque los traslados, la documentación previa y la verificación de datos requieren coordinación entre ambas instituciones para evitar riesgos tanto para las personas internas como para el personal electoral.
Durante la firma, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Quintana Roo, Sergio Iván Ruiz Castellot, subrayó que el objetivo es acercar los servicios registrales a quienes enfrentan condiciones particulares de acceso, con procedimientos que garanticen certeza, legalidad y respeto a los derechos humanos. El secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Julio César Gómez Torres, destacó la importancia de que la credencial funcione como documento oficial de identificación y de proteger la información personal de quienes realicen los trámites.
El antecedente inmediato es el proceso de votación de 2024 dirigido a personas en prisión preventiva. En Quintana Roo se registraron 809 votos de 892 personas inscritas en los centros penitenciarios de Cancún, Chetumal y Cozumel, una experiencia que ambas instituciones toman como referencia para atender las particularidades de esta población.
Conviene precisar el alcance del convenio: contar con la Credencial para Votar no restituye automáticamente los derechos político-electorales ni autoriza el ejercicio del voto. La situación jurídica de cada persona y las condiciones para ejercer sus derechos se determinan conforme al marco constitucional, legal y jurisdiccional aplicable.
Para la población penitenciaria, el documento puede tener efectos prácticos más allá de la jornada electoral: acredita identidad ante autoridades, facilita trámites administrativos y reduce obstáculos para quien no cuenta con otra identificación oficial. En ese sentido, el convenio apunta a un derecho de identidad que no depende de la situación procesal de la persona.
El reto será la implementación. La programación de jornadas en tres centros penitenciarios, la capacitación del personal y la protección de datos personales son condiciones que deberán verificarse en la práctica. El seguimiento y la evaluación previstos en el acuerdo permitirán medir si el acceso se traduce en trámites concluidos y no solo en una firma institucional.