El ingreso de agua de mar en Puerto San Carlos, comunidad del municipio de Comondú, mantiene en espera cualquier intervención directa. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, indicó que personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acudirá en los próximos días a realizar estudios técnicos que permitan conocer las condiciones reales de la zona antes de tomar decisiones.
La presencia de agua en la localidad impide, por ahora, ejecutar trabajos inmediatos. Por ello, las autoridades estatales sostienen que primero deben concluir las mediciones y diagnósticos federales, y solo después evaluar las alternativas de solución para las familias y sus viviendas.
Mientras se realizan esos estudios, el gobierno estatal mantendrá coordinación con las instancias federales y con la población para dar seguimiento a la situación. Esa comunicación incluye a las familias directamente afectadas, cuyo patrimonio y seguridad son el punto central de la evaluación.
Entre las opciones que se analizarán con base en los resultados técnicos está la construcción de obras de protección para la localidad. También se valorará la reubicación de viviendas hacia zonas más altas y seguras, siempre en acuerdo con las familias involucradas, según lo planteado por el mandatario estatal.
El gobernador señaló además que buscará el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para gestionar los recursos necesarios que permitan atender la situación y, en su caso, edificar viviendas en espacios seguros. Ese respaldo financiero sería clave para cualquier intervención de mayor escala.
Castro Cosío subrayó que las decisiones deberán considerar los riesgos a los que está expuesta la comunidad y sustentarse en criterios técnicos, no en respuestas improvisadas. Reiteró que su administración mantendrá el acompañamiento a las familias de Puerto San Carlos para procurar su integridad y proteger su patrimonio.
El caso de Puerto San Carlos refleja un problema que puede repetirse en otras zonas costeras de Baja California Sur, donde el avance del agua de mar y los fenómenos naturales plantean presiones sobre asentamientos humanos. La definición de obras de protección o reubicaciones requiere diagnósticos técnicos, acuerdos con las familias y recursos presupuestales que aún no están confirmados.
Para los habitantes, la espera de los estudios significa que las soluciones materiales no llegarán de inmediato. El seguimiento de las autoridades estatales y federales, así como la información que se comparta con la comunidad, será determinante para que las medidas que se adopten respondan a las condiciones reales del terreno y a las necesidades de quienes viven en la zona.