El Congreso de Baja California Sur tiene en sus manos la propuesta financiera para 2027. El Gobierno del estado entregó la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, documentos que deberán discutirse y aprobarse en diciembre para que las licitaciones de obra y los programas arranquen desde la primera semana de enero. La secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, fue la encargada de hacer la entrega formal.
El paquete plantea un crecimiento moderado respecto al ejercicio anterior y se elaboró, según la información disponible, con criterios de responsabilidad y disciplina financiera, alineado al Plan Estatal de Desarrollo y a los lineamientos de política económica del Gobierno federal. No se detallaron en el material los montos totales ni el desglose por dependencia, datos que suelen conocerse conforme avanza la discusión legislativa.
El punto que más atención concentra es la evolución de los ingresos propios. Estos pasaron de representar 8 por ciento del presupuesto total en 2021 a una proyección de 14.6 por ciento para 2027, como resultado de una estrategia recaudatoria sostenida. Para la ciudadanía, ese indicador importa porque mide cuánto depende el estado de los recursos federales y cuánto de lo que recauda por sí mismo, como derechos, productos y aprovechamientos.
La propuesta mantiene como prioridades educación, salud, seguridad y desarrollo social, además de recursos permanentes para obra pública e infraestructura. En términos prácticos, esas asignaciones definen el ritmo de servicios cotidianos y de proyectos que impactan a municipios y comunidades, desde planteles escolares hasta caminos y equipamiento urbano.
En materia de fiscalización, el documento retoma que las revisiones más recientes de la Auditoría Superior de la Federación registraron observaciones mínimas en proporción al monto total auditado. Ese dato funciona como argumento de la administración estatal sobre el manejo de recursos, aunque el Congreso deberá revisar la letra fina del gasto y las fuentes de financiamiento antes de avalar la propuesta.
El calendario legislativo es clave. Si el paquete se aprueba durante diciembre, el gobierno estatal podría adelantar los procesos de licitación e iniciar el ejercicio de los recursos desde la primera semana de enero. Un retraso en la discusión obligaría a operar con el presupuesto vigente o con mecanismos extraordinarios, lo que suele frenar obra pública y compras de inicio de año.
La consulta también quedó abierta: el documento está disponible en versiones impresa y digital, y mediante código QR, para diputadas, diputados y ciudadanía. Esa accesibilidad es relevante porque permite contrastar prioridades y montos antes de la votación, aunque el análisis técnico del presupuesto requiere tiempo y comparaciones con ejercicios previos.
El Congreso de Baja California Sur enfrenta así la tarea de equilibrar la disciplina financiera que presume el Ejecutivo con las demandas sociales de un estado que depende en buena medida de la inversión pública. La discusión de diciembre será el termómetro de esa negociación y definirá qué tan rápido llegan los recursos a las obras y servicios que la población usa todos los días.