El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, emitió una aclaración pública luego de que circulara en redes sociales una publicación sobre la presencia de elementos de la Policía Municipal en un conjunto habitacional de la colonia Arcos del Alba. Según la versión oficial, la visita de los oficiales no formó parte de un operativo de vigilancia ni de una revisión domiciliaria, sino del cumplimiento de una medida de protección vigente a favor de una persona mencionada en dicha publicación.
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana detalló que la medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares. Como parte de esta instrucción, la autoridad ministerial ordenó realizar visitas periódicas al domicilio señalado, llevar una bitácora con fecha y hora de cada visita, recabar la firma de las personas beneficiarias y rendir informes periódicos sobre el cumplimiento.
Los hechos ocurrieron el 14 de agosto alrededor de las 20:30 horas, cuando dos policías municipales acudieron al domicilio indicado por la Fiscalía. Al llegar al conjunto habitacional, los oficiales se entrevistaron con una residente, a quien explicaron el motivo de su presencia. La mujer les permitió el acceso a las áreas comunes y les indicó la ubicación del edificio correspondiente. Una vez en el lugar, los elementos llamaron en varias ocasiones para localizar a la persona beneficiaria de la medida, pero al no obtener respuesta, se retiraron.
La dependencia rechazó categóricamente que los oficiales hayan intentado ingresar al departamento, realizar una revisión del mismo o intervenir pertenencias personales. Subrayó que la presencia policial tuvo como única finalidad dar cumplimiento a la medida de protección, y que no se trató de un operativo que requiriera el ingreso al domicilio. Las imágenes captadas por los elementos forman parte del registro de su actuación y tienen como objetivo documentar la visita de seguimiento, no inspeccionar el lugar ni las pertenencias de nadie.
Este tipo de medidas de protección son herramientas legales que buscan salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente en casos relacionados con desaparición. La Fiscalía Especializada es la instancia que las solicita y supervisa, y la policía municipal actúa como ejecutor de las instrucciones ministeriales. En este contexto, la visita de los oficiales responde a un protocolo establecido para dar seguimiento a la situación de la persona protegida.
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana reconoció que una situación de esta naturaleza puede generar preocupación entre los vecinos, por lo que consideró importante aclarar los hechos con respeto hacia las personas involucradas. Asimismo, reiteró que la Policía Municipal continuará cumpliendo con las medidas de protección de manera responsable, con respeto a la privacidad y en estricto apego a las instrucciones de la autoridad ministerial.
El gobierno de Cuautitlán Izcalli expresó su disposición al diálogo y su plena colaboración con las autoridades responsables de la investigación, así como su compromiso de acompañar y proteger a las personas beneficiarias de estas medidas. La aclaración busca despejar dudas entre la ciudadanía y evitar la difusión de información imprecisa que pueda generar alarma o desconfianza en la labor policial.
Para los residentes de la zona, este tipo de situaciones puede resultar inquietante, pero las autoridades locales insisten en que la presencia policial en el fraccionamiento fue parte de un procedimiento legal y necesario. La transparencia en la actuación de los cuerpos de seguridad es fundamental para mantener la confianza de la comunidad, y en este caso, la explicación oficial pretende dar certeza sobre los hechos ocurridos.
La medida de protección sigue vigente, por lo que es probable que se realicen nuevas visitas de seguimiento en el futuro. Las autoridades no han dado más detalles sobre la identidad de la persona beneficiaria ni sobre el caso específico, debido a la confidencialidad que exigen este tipo de procedimientos. Sin embargo, garantizaron que las acciones se llevarán a cabo con apego a la ley y con respeto a los derechos de todas las partes involucradas.