El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en un paquete de medidas para investigar presuntos actos de corrupción atribuidos a la gestión de Guadalupe Taddei, entre ellas auditorías externas, un sistema de denuncias anónimas para alertadores internos y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables. La consejera electoral Carla Humphrey detalló que la propuesta contempla revisar todas las instancias competentes y abrir un programa que reciba información sobre posibles irregularidades tanto en oficinas centrales como en los órganos desconcentrados del Instituto.
La revisión inicial abarcaba el periodo de 2003 a 2006, pero se planteó ampliarla a diez años para atender los plazos de prescripción de algunos delitos. Humphrey reconoció que ciertas conductas podrían haber prescrito y ya no generar consecuencias penales, aunque subrayó que su revisión permitiría fortalecer los controles administrativos y los procedimientos de contratación. La denuncia ante la FGR ya contaba con un borrador en revisión por parte de las consejerías y se preveía presentarlo ese mismo día o, a más tardar, al siguiente.
Entre los posibles delitos identificados mencionó peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de atribuciones, aunque aclaró que corresponderá a la Fiscalía determinar su tipificación y acreditación. La consejera también planteó revisar la relación del Instituto con las empresas proveedoras de documentación y materiales electorales, ante señalamientos de posibles prácticas de concentración y acuerdos en los procesos de contratación.
En ese contexto, cuestionó si los intereses de estas compañías podrían representar un obstáculo para incorporar nuevas tecnologías a la organización electoral, como el voto electrónico, las urnas electrónicas y la capacitación digital. La propuesta incluye abrir las licitaciones de adquisiciones a la participación internacional, con el propósito de evitar la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores.
Humphrey consideró que los señalamientos contra una funcionaria no deben extenderse a toda la institución, al destacar que el INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral con más de 30 años de experiencia y una estructura nacional que continúa trabajando en la organización de los comicios. Recordó que, desde la reforma electoral de 2014, el organismo adquirió más de 70 atribuciones adicionales en los ámbitos nacional y local.
Asimismo, cuestionó la concentración de facultades que tuvo la expresidenta Guadalupe Taddei sobre las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, al considerar que debilitó la colegialidad y los contrapesos internos del Consejo General. Sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana requiere transparencia y rendición de cuentas: “Hay que abrir toda la información, hacer que se revise toda la información, todos los contratos, todas las adquisiciones, ver en qué se ha gastado cada peso y cada centavo”, expresó.
La consejera añadió que el INE debe concentrarse también en la organización del próximo proceso electoral, en el que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular. Como elemento de confianza institucional, destacó que el 99 por ciento de las personas de 18 años o más cuenta con credencial para votar, lo que, señaló, refleja la confianza de la ciudadanía en el Instituto para proteger sus datos personales y proporcionarles un medio de identificación.
Las medidas anunciadas tendrán efectos prácticos en la fiscalización de los recursos públicos del organismo y en la forma en que se asignan los contratos de materiales electorales. La apertura de licitaciones a participantes internacionales podría modificar la estructura del mercado de proveedores y, con ello, los costos y la competencia en un área sensible para la organización de los comicios. La denuncia ante la FGR, en tanto, abre un proceso que podría derivar en responsabilidades penales, aunque su alcance dependerá de la tipificación que realice la Fiscalía y de los plazos de prescripción aplicables.