El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato (CCL) contará con un protocolo obligatorio para atender a personas en situación de vulnerabilidad, discriminación o desventaja, luego de que la Secretaría de los Derechos Humanos le entregó el instrumento. La medida busca que quienes acuden a resolver un conflicto laboral puedan comprender, participar y concluir sus trámites en igualdad de condiciones, sin que sus circunstancias personales se conviertan en un obstáculo.
El protocolo abarca todo el recorrido de la persona usuaria: orientación, recepción de solicitudes, asesoría, conciliación, elaboración de convenios, emisión de constancias, seguimiento y canalización institucional. Su aplicación es permanente y alcanza a las delegaciones regionales, áreas administrativas, módulos de atención, medios electrónicos, espacios de espera y salas de conciliación del organismo.
Entre las medidas previstas están el uso de lenguaje claro, sencillo e incluyente; formatos accesibles y de lectura fácil; apoyos visuales, auditivos y tecnologías de asistencia; ajustes razonables y ajustes al procedimiento. También se garantiza el ingreso y permanencia con animales de servicio, ayudas o auxiliares técnicos, sin restricciones injustificadas ni demoras.
El instrumento contempla atención especial para personas que no hablan español y establece la obligación de explicar la información las veces que sea necesario hasta asegurar su comprensión. La titular de la Secretaría de los Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, afirmó durante la presentación que acceder a la justicia laboral con dignidad, igualdad y sin discriminación no debe ser un privilegio, sino un derecho.
El protocolo tiene tres objetivos centrales: garantizar el acceso efectivo a la justicia laboral, eliminar barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas, actitudinales o normativas, y asegurar un trato digno y respetuoso libre de estereotipos. Para ello se prevén medidas de nivelación, accesibilidad y ajustes razonables, con criterios de atención diferenciada cuando las circunstancias de la persona lo requieran.
La directora general del CCL, Juana Haydeé Escobar Porras, señaló que el Centro ha fortalecido de manera progresiva sus mecanismos de atención para que los servicios de conciliación prejudicial sean ágiles y accesibles. El protocolo fue elaborado con participación de la Dirección General de Transversalidad y Articulación Política de la Secretaría de los Derechos Humanos, a cargo de Francisco Javier Murillo Domínguez.
En la práctica, la medida puede traducirse en que una persona con discapacidad visual reciba formatos de lectura fácil o apoyos auditivos; que alguien que no domina el español cuente con explicaciones reiteradas hasta entender su procedimiento; o que quien acuda con un animal de servicio pueda ingresar sin demoras a las salas de conciliación. Son ajustes que buscan evitar que la falta de accesibilidad se sume al conflicto laboral que ya enfrenta la persona.
El alcance del protocolo es transversal y permanente, por lo que no puede establecerse una cifra única de beneficiarios. Su aplicación dependerá de que el personal del CCL lo incorpore en cada atención y de que las personas usuarias conozcan que pueden solicitar ajustes. La Secretaría de los Derechos Humanos reconoció al Centro por impulsar el instrumento y subrayó que su valor estará en lo que cambie para las personas que enfrentan una condición de vulnerabilidad.