La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, firmó un convenio marco de colaboración con la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa para impulsar la profesionalización de las instituciones de seguridad pública del país. El acuerdo fue suscrito por la titular del Secretariado, Marcela Figueroa Franco, y el presidente del consejo directivo nacional de la asociación, Andrés Ángel Aguilera Martínez.
El convenio contempla espacios de capacitación, intercambio de experiencias, asesoría técnica y proyectos conjuntos orientados a mejorar las capacidades de quienes integran las corporaciones de seguridad. La colaboración busca generar herramientas para una actuación profesional apegada a la legalidad y enfocada en el servicio a la ciudadanía, según lo expuesto durante la firma.
Figueroa Franco señaló que mejorar la seguridad pública implica también fortalecer a las instituciones responsables de garantizarla y afirmó que el acuerdo abre la oportunidad de sumar conocimientos, experiencias y buenas prácticas con reglas más claras y mayor certeza para los integrantes de las corporaciones. La funcionaria vinculó esta colaboración con el trabajo del Secretariado en materia de servicio profesional de carrera y régimen disciplinario, cuyos lineamientos nacionales fueron actualizados este año para establecer referentes comunes entre las instituciones de seguridad del país.
El convenio adquiere relevancia práctica porque en México las policías estatales y municipales son las que tienen contacto directo con la población y cuyas decisiones cotidianas afectan tanto a los ciudadanos como a las propias instituciones. La profesionalización de estas corporaciones, con responsabilidades bien definidas y criterios claros de actuación, es uno de los pendientes señalados con mayor frecuencia en diagnósticos sobre seguridad pública.
Por parte de la asociación, Aguilera Martínez sostuvo que la colaboración entre la justicia administrativa y las instituciones de seguridad permitirá fortalecer capacidades, profesionalizar el servicio público e intercambiar experiencias para contribuir a una actuación más eficaz de las autoridades. Añadió que la seguridad también se fortalece con justicia, capacitación e instituciones que aprenden unas de otras.
El presidente de la AMTRIJA destacó que la experiencia de las magistradas y magistrados de tribunales de justicia administrativa puede aportar conocimientos y criterios útiles para los procesos de profesionalización, mientras que el intercambio con las corporaciones de seguridad permitirá ampliar el conocimiento sobre su operación y los retos que enfrentan en el ejercicio cotidiano de sus funciones.
La firma de este tipo de convenios se suma a los esfuerzos recientes por actualizar los marcos normativos del servicio profesional de carrera policial, un mecanismo que regula el ingreso, la permanencia, la promoción y la separación de los elementos. La capacitación y la asesoría técnica son componentes que suelen requerir continuidad presupuestal y operativa para traducirse en resultados verificables en las calles.
Para la ciudadanía, el impacto de estos acuerdos depende de que las capacitaciones se traduzcan en mejores protocolos de actuación, menor discrecionalidad y mayor rendición de cuentas en las corporaciones locales. El convenio no detalla metas, calendario ni recursos asignados, por lo que su alcance concreto se conocerá conforme se implementen las actividades previstas.
El acuerdo entre el Secretariado Ejecutivo y la asociación de magistrados administrativos representa un canal de colaboración entre el ámbito de la seguridad y el de la justicia administrativa, dos áreas que convergen en la revisión de actos de autoridad y en la exigencia de legalidad. La profesionalización policial es una demanda sostenida de organismos civiles y de la propia ciudadanía, que suele evaluar a las corporaciones por su desempeño cotidiano más que por los convenios firmados.