El Senado de la República analiza una reforma constitucional que impediría que quienes ocupen una gubernatura o la Presidencia de la República cuenten con doble nacionalidad. La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, según expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.
La iniciativa se centra en tres artículos constitucionales. El artículo 82 regula los requisitos para ser Presidente de la República; el 116 establece las bases del régimen interior de los estados, incluidos los requisitos para gobernador; y el 122 organiza el gobierno de la Ciudad de México, incluida su jefatura de Gobierno. La propuesta busca armonizar esos ordenamientos para exigir la nacionalidad única.
Actualmente, la Constitución ya exige la nacionalidad mexicana por nacimiento para la Presidencia y las gubernaturas, pero no prohíbe de manera explícita la doble nacionalidad. La reforma busca cerrar esa ambigüedad y evitar que una persona con dos nacionalidades pueda acceder a esos cargos.
El debate ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la lealtad de los funcionarios públicos. La doble nacionalidad no es un delito ni impide ejercer otros cargos, pero para los puestos de mayor responsabilidad política se busca una señal de compromiso exclusivo con el país.
La discusión de esta reforma se suma a otros cambios constitucionales en materia electoral y de organización política que el Congreso ha abordado en los últimos años. La propuesta aún debe seguir el proceso legislativo ordinario: dictamen en comisiones, aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras y, posteriormente, ratificación por al menos 17 congresos locales.
De aprobarse, la medida tendría efectos prácticos en futuras elecciones. Los partidos políticos deberían verificar que sus aspirantes a gubernaturas y a la Presidencia cumplan con el requisito de nacionalidad única. Además, cualquier ciudadano con doble nacionalidad que aspire a esos cargos quedaría impedido para contender.
La reforma también podría influir en el debate público sobre la transparencia y los requisitos de elegibilidad de los candidatos. Al elevar el requisito a rango constitucional, se busca que la norma sea más difícil de modificar y que su aplicación sea uniforme en todo el país.
El Senado no ha precisado fechas para la discusión del dictamen. La propuesta forma parte de una serie de ajustes al marco constitucional que buscan redefinir las reglas de acceso al poder público en México.