El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, informó que entre los proyectos legislativos que se abordarán durante septiembre se encuentra la iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal o gobernar alguna entidad federativa. La reforma, que modificaría el artículo 82 constitucional, busca garantizar que quienes ejerzan dichos cargos tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La iniciativa, presentada originalmente por el propio senador Martínez, propone que los candidatos a la Presidencia y a las gubernaturas no cuenten con otra nacionalidad, ni siquiera de manera voluntaria. Actualmente, la Constitución solo exige ser mexicano por nacimiento, sin restricción para quienes adquieran una segunda nacionalidad. La reforma cerraría esa puerta, argumentando que la lealtad al país debe ser absoluta en los puestos de mayor responsabilidad política.
El anuncio se da en un contexto de debate público sobre los requisitos para ejercer cargos de elección popular. En los últimos años, diversos sectores han señalado que la doble nacionalidad podría generar conflictos de interés o compromisos con otros Estados. Sin embargo, también hay voces que advierten sobre posibles restricciones a derechos de los mexicanos en el extranjero, quienes han obtenido otra ciudadanía por razones migratorias o familiares.
Si la reforma avanza, los efectos se sentirían en los procesos electorales venideros. Los aspirantes a la Presidencia en 2030 y a las gubernaturas que se renueven en los próximos años deberán acreditar que no poseen otra nacionalidad. Esto implicaría, en la práctica, que quienes tengan doble nacionalidad tendrían que renunciar a ella antes de registrarse como candidatos, un trámite que puede ser complejo y que no siempre es reversible.
Para la ciudadanía, la medida podría traer mayor certeza sobre la lealtad de sus gobernantes, pero también podría desalentar la participación política de mexicanos que residen en el extranjero y que han adquirido otra ciudadanía. Organizaciones de migrantes han expresado su preocupación, pues consideran que la reforma podría ser discriminatoria y limitar sus derechos políticos.
Hasta el momento, no se conocen posicionamientos oficiales de los partidos políticos, aunque se espera que el tema genere un intenso debate en el Senado. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Mesa Directiva, pero su viabilidad dependerá de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
En caso de aprobarse, México se sumaría a otros países que restringen la doble nacionalidad para altos cargos, como Estados Unidos, donde los candidatos presidenciales deben ser ciudadanos por nacimiento, aunque no se prohíbe explícitamente tener otra nacionalidad. La reforma, de concretarse, marcaría un precedente en la legislación mexicana y podría tener implicaciones en la política exterior y en la relación con la diáspora mexicana.
Por ahora, el Senado tiene en su agenda un tema que toca fibras sensibles de la identidad nacional y que podría redefinir los requisitos para gobernar el país. La discusión apenas comienza, y será en los próximos días cuando se conozcan los primeros dictámenes y las posturas de los legisladores.