El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cambios a los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito político-electoral. La medida busca que cualquier aparición de menores en propaganda, spots o redes sociales se realice bajo los principios de interés superior y dignidad, y aplica de manera obligatoria a partidos, candidaturas, autoridades electorales y cualquier persona que difunda contenidos.
La consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta del Comité de Radio y Televisión, explicó que las nuevas reglas también regulan el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. En particular, se prohíbe la creación de deepfakes o representaciones sintéticas que proyecten falsamente la presencia de menores. Si se usan este tipo de recursos, se exigirá trazabilidad técnica, documentación del proceso y etiquetas de transparencia visibles o audibles para alertar al público sobre la manipulación.
Además, se ratifica la necesidad de contar con consentimiento escrito de padres o tutores y la opinión informada de los propios menores. También se prohíben contenidos que inciten a la violencia, la discriminación o el acoso. Las nuevas disposiciones obligan a informar a los menores y a sus tutores sobre los riesgos de la exposición digital, entregar avisos de privacidad y difuminar imágenes o voces cuando no exista un consentimiento válido.
La modificación responde también a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el INE busca reforzar la certeza y la seguridad jurídica en el manejo de la imagen de la niñez. Con ello, se pretende que la diversidad social se refleje en la vida política sin vulnerar los derechos de este grupo.
En la misma sesión, el Consejo General conoció un estudio especializado sobre la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales durante los procesos electorales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024. El análisis concluye que estas políticas han sido clave para abrir espacios a mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros grupos subrepresentados, aunque persisten retos en su aplicación uniforme y en la supervisión efectiva.
El estudio recomienda consolidar un marco normativo más claro y vinculante, fortalecer la verificación y sanción, ampliar el acompañamiento a partidos y el seguimiento ciudadano, y garantizar recursos suficientes. También propone incorporar evaluaciones periódicas para medir el impacto y ajustar las políticas conforme a resultados, con miras a un modelo integral de inclusión política.
Finalmente, el Órgano Interno de Control presentó su primer informe semestral de 2026, en el que destacó la emisión de un nuevo Código de Ética, un 99.9% de cumplimiento en declaraciones patrimoniales y un 90% de avance en la modernización del sistema de actas de entrega-recepción. Se realizaron auditorías en 66% del territorio nacional y se concluyó 61% de investigaciones históricas.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos del INE por fortalecer la integridad institucional y la confianza ciudadana, en un contexto donde la exposición digital de menores y la representación política de grupos vulnerables son temas centrales en la agenda democrática del país.