El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en la instrumentación de un mecanismo para revisar la integridad de quienes buscan un cargo de elección popular. La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas aprobó su Programa Anual de Trabajo 2026-2027 y su calendario, con lo que quedan definidas las etapas, actividades, responsables y plazos para aplicar el procedimiento durante los procesos electorales federal y locales de ese periodo.
El esquema no se limita a las candidaturas ya registradas. La revisión comenzará desde etapas previas al registro e incluirá a las personas que pretendan ser postuladas por partidos políticos nacionales o locales, a quienes busquen una candidatura independiente y a las suplencias de esos cargos. Para ello, los partidos y las personas aspirantes entregarán listados a la Comisión, que a su vez los canalizará a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera.
Esas instancias realizarán la evaluación dentro de sus atribuciones y determinarán si existe o no un riesgo razonable. La Comisión podrá coordinarse con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras instituciones, para facilitar el intercambio de información previsto en la ley.
El procedimiento se sustenta en los Lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación aprobados por el Consejo General el 10 de septiembre de 2026, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La participación de las personas sujetas a revisión y de los partidos políticos requiere consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de las personas involucradas.
La Comisión también garantiza la confidencialidad de la información obtenida, generada o resguardada durante el procedimiento, con apego a las disposiciones de transparencia y protección de datos personales. Las comunicaciones, informes, opiniones o documentos que se emitan tendrán carácter exclusivamente técnico e informativo.
Un punto central del diseño es que esos documentos no producirán efectos sobre la elegibilidad de ninguna candidatura ni incidirán en el ejercicio de los derechos político-electorales. Tampoco podrán emplearse como indicio o prueba de culpabilidad, y deberán salvaguardar en todo momento la presunción de inocencia, sin juzgar sobre responsabilidades penales, administrativas, civiles o financieras.
El calendario aprobado ordena las actividades de cara a los comicios federales y locales de 2026-2027. Aunque el INE no detalló fechas específicas en el anuncio, la planeación busca que la revisión ocurra antes del registro formal de candidaturas, de modo que los partidos y aspirantes conozcan los tiempos y requisitos con anticipación.
Para la ciudadanía, el mecanismo implica que la información sobre quienes aspiran a un cargo público pasará por filtros de seguridad y financieros antes de las campañas. Sin embargo, el propio diseño aclara que se trata de insumos técnicos y no de una inhabilitación automática: la decisión sobre la elegibilidad seguirá correspondiendo a las autoridades electorales y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales.
El reto práctico estará en la coordinación entre el INE, los partidos y las instituciones de seguridad y financieras, así como en el resguardo de datos personales. La Comisión deberá operar con reglas claras para evitar filtraciones o usos indebidos de la información, en un contexto donde la integridad de las candidaturas es un reclamo ciudadano recurrente.