La senadora Laura Itzel Castillo Juárez expresó su confianza en que el Congreso de la Unión aprobará la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una iniciativa que busca homologar criterios y fortalecer la respuesta del Estado ante uno de los crímenes más crueles y persistentes en el país.
La legisladora destacó que esta ley general es necesaria para garantizar que las investigaciones y sanciones por feminicidio no dependan de la entidad federativa donde ocurran los hechos, sino que existan estándares mínimos comunes en todo el territorio nacional. Actualmente, cada estado tiene su propio marco legal, lo que ha generado disparidades en la tipificación, la procuración de justicia y la reparación del daño a las víctimas.
La iniciativa, que se encuentra en análisis en el Congreso, contempla la creación de un sistema nacional de información sobre violencia contra las mujeres, así como la obligación de las autoridades de actuar con debida diligencia en cada caso. También establece mecanismos de reparación integral para las familias de las víctimas, incluyendo compensación económica y medidas de no repetición.
Para la ciudadanía, la aprobación de esta ley podría traducirse en una mayor confianza en las instituciones de justicia, pues actualmente muchos casos de feminicidio quedan impunes o son clasificados erróneamente como homicidios. La ley general también busca prevenir estos delitos mediante campañas de sensibilización y la capacitación obligatoria de funcionarios públicos.
La senadora Castillo, quien ha impulsado la iniciativa desde el Senado, subrayó que la lucha contra el feminicidio no es un tema de una sola fuerza política, sino un asunto de Estado que requiere el compromiso de todos los poderes y niveles de gobierno. En ese sentido, hizo un llamado a sus compañeros legisladores para que prioricen el dictamen y lo sometan a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han manifestado su respaldo a la ley, aunque también han advertido que su efectividad dependerá de la asignación presupuestal y de la voluntad política de las autoridades locales para implementarla. La ley general no sustituye las legislaciones estatales, sino que establece un piso mínimo que deberá ser aplicado en todo el país.
En los últimos años, diversos colectivos han exigido al Congreso acelerar la discusión de esta ley, considerando que la violencia feminicida sigue cobrando vidas de manera cotidiana. La aprobación de esta norma sería un paso significativo para cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Mientras tanto, la senadora Castillo se mostró optimista y confió en que el diálogo entre las fuerzas políticas permitirá alcanzar los consensos necesarios. La próxima semana se espera que la comisión correspondiente emita su dictamen, lo que abriría la puerta a su discusión en el pleno. La ciudadanía estará atenta a los avances de esta iniciativa que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el feminicidio en México.
