El personal operativo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) de Baja California Sur recibió una capacitación enfocada en identificar y atender a posibles víctimas de delitos sexuales, con el propósito de que la orientación que se brinda en el primer contacto telefónico sea adecuada y sensible. La actividad fue organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
La titular de SIPINNA en la entidad, Laura Sofía Villa Urías, señaló que la formación responde a un acuerdo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). El objetivo es mejorar la respuesta de quienes reciben llamadas de emergencia relacionadas con situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El curso incluyó la revisión de la legislación estatal aplicable, los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los criterios de la NOM-046, norma oficial que establece lineamientos para la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. También se hizo énfasis en la importancia de ofrecer un trato libre de prejuicios y oportuno.
En las sesiones participaron la jueza Lucía Dolores Loredo Saucedo, la magistrada Abigail Jiménez Montalvo y el magistrado Eduardo Farías Gasca, quienes compartieron su experiencia en la materia. Al concluir la capacitación, Villa Urías destacó que este tipo de formación contribuye a mejorar la atención desde el C5 y a garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de violencia.
La capacitación del personal que atiende las líneas de emergencia es relevante porque ese primer contacto puede determinar si una víctima recibe orientación clara o si, por el contrario, se enfrenta a una respuesta que la revictimiza. En casos de violencia sexual, la forma en que se recibe la llamada influye en la posibilidad de que la persona afectada acceda a servicios médicos, sicológicos y jurídicos.
La NOM-046 establece criterios para la atención de la violencia sexual, incluida la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, y subraya la obligación de las instituciones de actuar con perspectiva de género y derechos humanos. Su aplicación en los servicios de emergencia es un paso para que el protocolo no se quede en el papel.
Baja California Sur, como el resto del país, enfrenta retos en materia de violencia sexual y embarazo adolescente. La capacitación de operadores telefónicos no sustituye las investigaciones ni la atención especializada, pero puede mejorar la canalización de casos y evitar que las víctimas queden sin respuesta institucional.
El acuerdo del GEPEA del que deriva esta formación sugiere que la prevención del embarazo adolescente se aborda también desde la atención de la violencia sexual. La coordinación entre SIPINNA, el C5 y el Poder Judicial estatal apunta a que la respuesta institucional sea más uniforme, aunque su efecto dependerá de que la capacitación se traduzca en protocolos claros y en seguimiento de los casos.