El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Arturo Chávez, colocó a la ciudadanía en el centro del próximo Proceso Electoral Federal 2026-2027 y advirtió que el voto y la participación deben ser respetados para que la mayoría determine qué opción política gobernará. En una entrevista radiofónica, el funcionario sostuvo que los actores principales de las contiendas no son los partidos ni las autoridades, sino las y los ciudadanos.
Chávez reconoció que existen presiones de actores políticos hacia las autoridades electorales y afirmó que los consejeros tienen la obligación de resistirlas y conducirse con apego a la Constitución, la legalidad y la transparencia. "La razón en nuestro caso está en la legalidad, en la transparencia y en el actuar conforme a lo que nos manda la Constitución", expresó durante la conversación.
El proceso electoral federal 2026-2027 será el primero en el que se renueven, entre otros cargos, la Cámara de Diputados y diversos espacios de representación popular, además de que el calendario se entrelazará con comicios locales en varias entidades. Esa coincidencia de elecciones suele multiplicar la presión sobre los árbitros electorales y elevar el escrutinio público sobre sus decisiones.
Sobre las controversias por candidaturas y prácticas alejadas de la vocación democrática, el consejero recordó que existen instituciones y mecanismos para atenderlas, como la Comisión de Quejas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ese argumento, llamó a los partidos políticos a respetar a las instituciones electorales.
Chávez planteó que la democracia implica aceptar tanto las victorias como las derrotas. "La vida democrática no es ganar todas. La vida democrática es reconocer cuando nuestro adversario nos ganó y también que el adversario reconozca cuando nosotros ganamos", señaló, en un contexto donde la confrontación entre fuerzas políticas ha tensado la relación con los organismos electorales.
El consejero también convocó a la ciudadanía a participar e informarse sobre el proceso electoral, al considerar que su voto definirá aspectos de la vida pública del país como la atención en salud, la educación, el deporte y otros ámbitos de la vida cotidiana. Esa vinculación entre elección y servicios públicos es uno de los ejes que el INE ha buscado colocar en la conversación pública.
Para la ciudadanía, el llamado tiene consecuencias prácticas: la integración de la Cámara de Diputados y de los congresos locales influye en el presupuesto, en las políticas de salud y educación y en la fiscalización del gasto. De ahí que la participación y la información oportuna sean condiciones para que el voto no quede reducido a una contienda entre élites políticas.
El organismo electoral enfrenta además el reto de organizar la jornada con recursos, logística y credencialización suficientes, mientras los partidos definen alianzas y candidaturas. En ese escenario, la exigencia de respetar la legalidad y la transparencia se convierte en un mensaje dirigido tanto a los actores políticos como a la propia estructura electoral.
La ruta hacia 2027 apenas comienza y los pronunciamientos de los consejeros marcan el tono de un proceso que, según el propio Chávez, debe medirse por la confianza ciudadana. El llamado a informarse y participar será puesto a prueba cuando arranquen formalmente las precampañas y las campañas, y cuando las controversias lleguen a las instancias jurisdiccionales.