El Instituto Nacional Electoral (INE) definió las reglas con las que las personas en prisión preventiva podrán emitir su voto durante el proceso electoral 2026-2027. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el Modelo de Operación para el Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP), un instrumento que reparte responsabilidades entre el propio Instituto, los organismos públicos locales y las autoridades penitenciarias en 21 entidades federativas.
El mecanismo contempla una votación presencial y anticipada dentro de los centros penitenciarios que reúnan condiciones de infraestructura y seguridad. Para efectos del sufragio, el acuerdo considera el centro de reclusión como domicilio de la persona en prisión preventiva, una definición operativa que permite ubicarla en la lista nominal correspondiente sin alterar su situación jurídica.
La cobertura potencial alcanza a 118 mil 623 personas distribuidas en 261 centros penitenciarios identificados por autoridades federales y estatales. La modalidad prevista es la boleta impresa, lo que implica producción de documentación electoral, integración de mesas de escrutinio y cómputo, y capacitación del personal que participará en el operativo.
El calendario aprobado establece que la votación anticipada se realizará del 12 al 26 de mayo de 2027, mientras que el escrutinio y cómputo de esos sufragios ocurrirá el 6 de junio de 2027, durante la jornada electoral. Los resultados se incorporarán después a los sistemas y cómputos de los organismos públicos locales.
El modelo distingue entre las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas y seis casos con alcance más amplio. En Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí la votación se aplicará para la totalidad de los cargos locales, debido a que sus legislaciones ya regulan esta modalidad. Michoacán y San Luis Potosí combinarán la elección de gubernatura con el resto de los cargos locales.
El acuerdo también incorpora criterios derivados de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reformas recientes en esas seis entidades para reconocer el voto en prisión preventiva en los procesos locales. Esa incorporación es relevante porque el marco normativo no es homogéneo en todo el país y obliga a ajustar el operativo según cada legislación.
La organización se divide en tres etapas: actividades previas, durante y posteriores a la votación. Entre las tareas previstas están la definición de los centros participantes, la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva, la difusión del ejercicio, la producción de materiales y la integración de las mesas de escrutinio.
El INE sustenta el modelo en ejercicios anteriores: las elecciones federales de 2021, los comicios locales de Hidalgo en 2022, Coahuila y Estado de México en 2023, las votaciones concurrentes de 2024, Durango y Veracruz en 2025, y Coahuila en 2026. Esa experiencia acumulada sirve de base para un operativo que ahora deberá coordinarse con autoridades penitenciarias y organismos locales.
Para la ciudadanía, el alcance práctico es que un grupo de personas que no ha recibido sentencia definitiva podrá ejercer un derecho político-electoral mientras permanece recluido. El reto operativo estará en garantizar condiciones de seguridad, logística y certeza en los 261 centros previstos, así como en evitar que la votación anticipada genere conflictos con los procesos jurisdiccionales en curso.