El gobierno de Guerrero retomó el diálogo con integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas durante una reunión encabezada por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que se revisaron planteamientos pendientes y se acordaron rutas para atenderlos junto con las instancias competentes. En el encuentro también participó el encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Alejandro García Solorio, según la información difundida por el gobierno estatal.
La reunión se realizó en Acapulco el 5 de noviembre de 2026 y forma parte de una serie de acercamientos entre autoridades y familias que buscan a sus seres queridos. El gobierno estatal presentó el encuentro como parte de una política de atención cercana y permanente a los colectivos, sin detallar en el material difundido cuántas personas asistieron ni cuáles fueron los acuerdos concretos alcanzados.
El subsecretario Rodríguez Cisneros señaló que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es mantener una política de puertas abiertas para escuchar, acompañar y atender a las familias, y reconoció la importancia de sus demandas para el bien de las familias guerrerenses. Esa referencia a la instrucción de la mandataria estatal coloca la reunión dentro de una línea de trabajo que el gobierno ha presentado como prioritaria, aunque el material no precisa plazos ni mecanismos de verificación de los compromisos.
La presencia del encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la mesa resulta relevante porque ese organismo es la instancia técnica encargada de coordinar las acciones de localización en la entidad. La participación de su titular en el encuentro sugiere que los planteamientos de los colectivos se canalizarían por la vía institucional de búsqueda, aunque el texto difundido no especifica qué solicitudes concretas se abordaron ni si hubo compromisos de nuevas acciones de campo.
Guerrero es una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas en el país, de acuerdo con registros públicos de búsqueda, y los colectivos han señalado de manera reiterada la necesidad de fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades municipales. En ese contexto, los encuentros entre funcionarios y familias suelen ser evaluados por los propios colectivos no solo por la apertura al diálogo, sino por la existencia de resultados verificables en localización, atención a víctimas y acceso a información.
Para las familias que buscan a un ser querido, el seguimiento de estos acuerdos tiene efectos prácticos: define si sus solicitudes de búsqueda avanzan por la vía de la Comisión Estatal, si reciben acompañamiento institucional y si sus planteamientos quedan registrados con responsables y tiempos. La ausencia de detalles públicos sobre los compromisos alcanzados deja abierta la pregunta sobre cómo se medirá el avance de lo acordado en la reunión.
El gobierno estatal no informó en el material difundido si habrá nuevas reuniones con los colectivos ni si se publicará un informe de seguimiento. La sociedad civil ha insistido en que la atención a las familias requiere continuidad, presupuesto y coordinación entre niveles de gobierno, más allá de los encuentros protocolares.
La reunión en Acapulco se suma a otros acercamientos entre autoridades estatales y colectivos de búsqueda, un tema que permanece en la agenda pública guerrerense por su impacto directo en miles de familias. El reto para las instituciones es traducir la apertura al diálogo en acciones verificables que respondan a las demandas planteadas por quienes buscan a sus seres queridos.
