Entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desplegó operativos en al menos 13 entidades que derivaron en la detención de más de 40 personas y el aseguramiento de armamento, explosivos, drogas y vehículos, de acuerdo con el reporte oficial de acciones relevantes difundido este lunes.
Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas. En los operativos participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías estatales y fiscalías locales.
Uno de los aseguramientos más voluminosos ocurrió en Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un autobús de pasajeros en el Puente Internacional Libre-Córdova, en Ciudad Juárez, y aseguraron cuatro armas largas, siete cortas, cargadores y 9,287 cartuchos. En Sonora, en Puerto Peñasco, el Ejército detuvo a siete personas, entre ellas un menor de edad, y aseguró más de 40 armas largas, cinco cortas, tres ametralladoras de distintos calibres, cerca de 4 mil cartuchos, artefactos explosivos, equipo táctico, drogas y vehículos de alta gama.
En Sinaloa se registraron dos operativos relevantes en Mazatlán. En uno, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró un arma larga, un arma de fabricación artesanal, cargadores, 122 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y una motocicleta. En el otro, personal de la SSPC, la FGR y la Marina detuvo a nueve personas y decomisó 17 armas largas —incluida una ametralladora—, más de 120 cargadores, cartuchos, un lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de marihuana y seis camionetas, una con blindaje artesanal.
Jalisco también reportó un hallazgo significativo: en Zapopan, el Ejército localizó e inhabilitó un campamento clandestino donde aseguró seis armas largas, 20 artefactos explosivos improvisados, 25 espoletas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, tres radios de comunicación, cuatro vehículos y cinco motocicletas. En Durango, fuerzas federales catearon seis inmuebles, detuvieron a cuatro personas y aseguraron armas, drogas, dos drones, una cuatrimoto y 11 vehículos; en Tamazula, otras tres personas fueron detenidas con armas y drogas.
En Michoacán, la Marina y la Policía Estatal aseguraron 500 kilos de marihuana distribuidos en 12 bolsas dentro de un vehículo en Lázaro Cárdenas. En el mismo municipio, personal de Marina, SSPC, FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México decomisó 27,216 kilos de ácido tartárico en una inspección a un contenedor. En Coahuila, en San Pedro, un operativo conjunto detuvo al conductor de un camión de pasajeros y aseguró 1.5 kilos de metanfetamina.
La Ciudad de México registró un cateo en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, donde Marina, SSC y Fiscalía CDMX detuvieron a tres personas y aseguraron cinco armas largas, una corta, marihuana, metanfetaminas y un celular. En Nuevo León, en Sabinas Hidalgo, SSPC y FGR detuvieron a una persona con cuatro armas largas, una corta, cargadores, 239 cartuchos y dos vehículos. En Puebla, Marina y Policía Estatal detuvieron a una persona en la carretera México-Puebla con cartuchos, un cargador, dosis de metanfetaminas, cocaína, marihuana y piedra, un vehículo y dinero en efectivo.
Otros estados con acciones reportadas fueron Baja California, donde el Ejército detuvo a una persona en San Quintín y aseguró cuatro armas largas, dos cortas, 16 cargadores, 366 cartuchos, una granada, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; y Morelos, donde en Tlaquiltenango el Ejército y la Policía Estatal detuvieron a cuatro hombres con un arma larga, una corta, cargadores y cartuchos.
El reporte oficial no detalla el número total de detenidos ni el estatus legal de los mismos, ni precisa si los aseguramientos derivaron en consignaciones ante autoridades judiciales. Tampoco especifica el destino final de los vehículos, drogas y armamento decomisados, información que suele quedar bajo resguardo de las fiscalías correspondientes. La publicación de estos balances forma parte de la estrategia de comunicación gubernamental, aunque no siempre permite verificar el impacto directo en la incidencia delictiva de cada región.