En su tercera sesión ordinaria de 2026, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a nueve proyectos de actas correspondientes a sesiones previas celebradas entre abril y julio. Los documentos abarcan desde la Décima Cuarta hasta la Vigésima sesión extraordinaria urgente, así como la Segunda Ordinaria y la Quinta Extraordinaria Urgente.
Paralelamente, el órgano colegiado recibió tres informes clave sobre la actividad sancionadora del instituto. El primero, elaborado con base en el artículo 37 del Reglamento de Quejas y Denuncias, detalla que entre el 29 de abril y el 17 de julio se registraron 54 procedimientos administrativos sancionadores: 37 ordinarios y 17 especiales. Durante ese periodo, la Comisión aprobó 28 proyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) y el Consejo General emitió 25 resoluciones definitivas. Al cierre del informe, 166 POS se encuentran en trámite.
En cuanto a los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), uno fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siete fueron desechados y nueve siguen su curso. Asimismo, se reportaron 12 solicitudes de medidas cautelares en PES y 1,347 en POS, de las cuales una fue declarada procedente y el resto improcedentes, todas atendidas mediante un solo acuerdo.
El segundo informe, presentado en cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, revela la recepción de 20 quejas, denuncias o vistas por esta causa. De ellas, siete se tramitaron como Procedimientos Especiales Sancionadores y 13 como cuadernos de antecedentes. Además, se recibieron seis solicitudes de medidas cautelares: dos fueron desechadas mediante acuerdo y cuatro continúan en análisis.
Finalmente, la Comisión conoció un informe de la Secretaría Técnica sobre el acuerdo de no inicio de un procedimiento laboral sancionador, emitido por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE. Dicho acuerdo derivó de una vista formulada por la propia Comisión; la autoridad determinó que no existían elementos para iniciar el proceso, al no acreditarse dilación procesal, omisión ni responsabilidad administrativa o laboral de los servidores públicos involucrados.
Estos informes reflejan la actividad constante del INE en la fiscalización y sanción de conductas que vulneran la normativa electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano clave para garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un marco de legalidad y equidad, atendiendo tanto quejas ordinarias como aquellas relacionadas con violencia política de género, un tema prioritario en la agenda democrática del país.
La ciudadanía puede dar seguimiento a estos procedimientos a través de los canales oficiales del INE, que buscan transparentar la gestión de las quejas y fortalecer la confianza en las instituciones electorales.