El Gobierno de Baja California Sur presentó y validó los resultados del periodo 2025-2026 en materia de desarrollo social durante la sesión ordinaria del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social y Energía, encabezada por el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Antonio Zavala Agúndez. En la reunión se informó sobre avances en participación ciudadana, electrificación, infraestructura básica y fortalecimiento comunitario, con la conformación de comités y la verificación de solicitudes en 41 localidades de los cinco municipios de la entidad.
Entre las acciones reportadas destaca la instalación de 185 sistemas fotovoltaicos mejorados, con una inversión de 14.9 millones de pesos, que benefician a más de 740 habitantes. Este tipo de infraestructura busca llevar energía eléctrica a comunidades que aún dependen de fuentes limitadas o intermitentes, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias y en actividades productivas locales.
El subsecretario de Bienestar, Desarrollo Social y Humano, Juan Enrique Ramos Ríos, fue el encargado de detallar los avances. Además de los paneles solares, se formalizaron convenios por 11.9 millones de pesos para obras de agua potable en La Paz y Mulegé, así como por 23.4 millones de pesos para dos obras de pavimentación en La Paz. Estos proyectos apuntan a resolver necesidades básicas de infraestructura en zonas que han sido señaladas como prioritarias dentro de la política social estatal.
La sesión también dio cuenta de acciones de recuperación de espacios públicos, jornadas comunitarias, capacitación y actividades para impulsar la economía local, entre ellas un bazar con la participación de mujeres emprendedoras de distintas colonias de La Paz. Estas iniciativas buscan combinar la entrega de servicios con la organización comunitaria y el ingreso familiar.
El secretario Zavala Agúndez señaló que se continuará atendiendo las necesidades de las localidades mediante recursos y programas que amplíen el acceso a servicios básicos y promuevan la participación de las familias en el desarrollo de sus comunidades. Al finalizar, refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para que la política social se traduzca en resultados concretos y beneficios directos para las comunidades sudcalifornianas.
El alcance de estos programas depende de la ejecución efectiva de los convenios y de la verificación de solicitudes en campo. La mención de 41 localidades en los cinco municipios sugiere una cobertura amplia, pero también plantea el reto de dar seguimiento a obras y beneficios en zonas dispersas, donde la logística y la transparencia en la asignación de recursos son factores críticos.
Para la ciudadanía, los anuncios implican mejoras potenciales en servicios como energía eléctrica, agua potable y vialidades, además de espacios para la actividad económica local. Sin embargo, el impacto real dependerá de los tiempos de ejecución y de que los recursos lleguen a las comunidades sin retrasos ni desvíos.
El subcomité sectorial sesiona como instancia de coordinación entre dependencias estatales y municipales. La validación de resultados en este espacio no sustituye la rendición de cuentas pública, por lo que será relevante que los montos y las obras se detallen en informes accesibles para la población.