América Latina acumula planes para la inteligencia artificial, pero no el dinero para llevarlos a cabo. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), encontró que 17 de los 20 países analizados cuentan con una estrategia nacional vigente o en elaboración, pero solo Brasil y Colombia contemplan expresamente fondos para ejecutarla.
El diagnóstico, presentado el 20 de octubre de 2026 en Santiago, resume el problema en una idea: mucha estrategia y poco presupuesto. La brecha no es menor porque una estrategia sin recursos no puede traducirse en personal especializado, instituciones operativas ni metas evaluables. El informe advierte que la región corre el riesgo de adoptar herramientas desarrolladas fuera sin capacidad propia para decidir cómo usarlas.
El estudio también revisa la arquitectura institucional. Quince de los 20 países tienen una institución formalmente encargada de dirigir sus políticas de inteligencia artificial. México, Ecuador y El Salvador pasaron en un año de no tener estrategia nacional, ni siquiera en elaboración, a contar con una vigente. Ese avance, sin embargo, no resuelve por sí solo la falta de recursos ni la coordinación entre dependencias.
La gobernanza es el eje que el informe coloca junto al presupuesto. No basta con promover el uso de herramientas de inteligencia artificial: importa definir quién responde por sus resultados, cómo se previenen riesgos para la ciudadanía y qué reglas se aplican cuando la tecnología incide en derechos, servicios públicos o mercado laboral. Sin esas definiciones, los planes quedan en declaraciones de intención.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió durante la presentación que una incorporación pasiva de tecnología puede profundizar dependencias y ampliar las brechas y desigualdades ya existentes en la región. Su señalamiento conecta con el concepto de soberanía tecnológica: no se trata de que cada país fabrique todas las herramientas, sino de conservar capacidad de decisión, margen para establecer alianzas y alternativas frente a proveedores extranjeros.
Para México, el índice permite ubicar los avances nacionales en un contexto regional y detectar pendientes en recursos, coordinación institucional y desarrollo de capacidades propias. El país ya cuenta con una estrategia vigente, pero el estudio no reporta que esté entre los que asignan fondos específicos para ejecutarla, lo que deja abierta la pregunta sobre cómo se financiarán sus objetivos.
El impacto práctico para la ciudadanía está en los servicios y las decisiones que dependen de estas tecnologías. La inteligencia artificial ya se usa en trámites, atención pública y sistemas de información, y su expansión sin reglas claras ni presupuesto puede reproducir desigualdades. El informe plantea una recomendación central: convertir las estrategias en políticas capaces de producir resultados verificables y de mantener la capacidad de decisión sobre una tecnología cada vez más relevante en la economía y la vida social.
La discusión regional llega en un momento en que los gobiernos anuncian proyectos de inteligencia artificial con frecuencia, pero rara vez explican de dónde saldrá el dinero para sostenerlos. El ILIA 2026 deja una agenda concreta: presupuesto, instituciones con personal especializado y mecanismos de rendición de cuentas. Sin esos tres elementos, los planes latinoamericanos seguirán siendo documentos bien redactados con aplicación limitada.