La fiscalización de los recursos públicos en Zacatecas acumuló 163 mil 748 millones de pesos auditados durante los cinco años de la actual administración estatal, según el balance presentado por el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, ante la Comisión de Sistema Estatal Anticorrupción de la LXV Legislatura. La comparecencia formó parte de la glosa al Quinto Informe de Gobierno y ocurrió el 26 de octubre.
El funcionario sostuvo que la vigilancia sobre el gasto se mantendrá hasta el último día del sexenio y que no se permitirán las prácticas de cierre de mandato que, según su versión, ocurrieron en administraciones anteriores. Ese compromiso adquiere peso porque los últimos meses de una gestión suelen concentrar contrataciones, obras y pagos que requieren revisión puntual para evitar dispendios o irregularidades.
En materia sancionadora, la dependencia reportó 400 informes de presunta responsabilidad: 350 por faltas no graves y 50 por faltas graves. Se trata de expedientes que abren la posibilidad de sanciones administrativas contra servidores públicos, aunque el desenlace de cada caso depende de los procedimientos internos y, en su caso, de las instancias de justicia.
González Romo también afirmó que, por primera vez en la historia de Zacatecas, una auditoría a una cuenta pública federal arrojó cero pesos y cero centavos en observaciones. El dato, presentado sin el detalle de qué ente o ejercicio fiscal se trató, contrasta con la práctica habitual de hallazgos en revisiones de ese tipo y conviene leerlo con cautela mientras no se conozca el informe completo.
Sobre la obra pública, el secretario indicó que ahora se audita el 80 por ciento de los proyectos, frente al 20 por ciento que se revisaba antes. El cambio, de confirmarse en los hechos, ampliaría la cobertura de revisión en un rubro donde históricamente se concentran los mayores riesgos de sobrecosto y opacidad.
La dependencia informó además que su personal acompañó 529 juntas de Gobierno, 355 comités de adquisiciones y 290 sesiones de control interno, con la participación de comisarios públicos y órganos internos de control. Esa presencia busca que las decisiones de compra y contratación se tomen con testigos y registros, aunque su eficacia depende de que las observaciones se traduzcan en correcciones y no solo en actas.
El funcionario mencionó programas como Te lo Cuento con Valores, Patrullas de la Honestidad y Trámite Honesto, además del respaldo logístico a los comités de ética estatales. Estas iniciativas buscan incidir en la conducta de los servidores públicos, pero su impacto real se mide por la reducción de faltas y por la capacidad de sancionar a quienes incumplen.
Para la ciudadanía, el balance ofrece una referencia sobre cuánto se revisa del gasto estatal y cuántos expedientes se abren por posibles responsabilidades. La utilidad de esas cifras dependerá de que los informes se publiquen con detalle, de que los procedimientos concluyan y de que las sanciones sean efectivas. La glosa en el Congreso es el espacio donde esas promesas de fiscalización pueden convertirse en obligaciones verificables.