El programa Conduce sin Alcohol aplicado en Toluca entre el 10 y el 12 de septiembre derivó en 81 personas remitidas ante el Juez Cívico y en la retención de 73 vehículos, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad y Protección del ayuntamiento. Del total de conductores sancionados, 68 fueron hombres y 13 mujeres que rebasaron los límites permitidos de alcohol en sangre.
El desglose de unidades retiradas incluye 71 automóviles y dos motocicletas. Entre los vehículos asegurados aparecen dos unidades del servicio público, un dato que amplía el alcance del operativo más allá de los automovilistas particulares y coloca la revisión también sobre el transporte que presta servicio a la ciudadanía.
Solo en ocho casos fue posible entregar el automóvil en el sitio a un familiar responsable que acudió en auxilio del conductor. Esa vía, prevista para evitar que el vehículo termine en el corralón cuando hay quien pueda hacerse cargo, resultó minoritaria frente a las 73 unidades que sí fueron trasladadas a depósito.
La revisión de alcoholímetro se mantendrá activa durante los festejos patrios, según el propio reporte municipal. La medida responde a una lógica preventiva: las celebraciones de septiembre concentran reuniones y consumo de alcohol, y con ello crece el riesgo de siniestros viales en los que están involucrados peatones y acompañantes, no solo el conductor.
Para quien es sorprendido rebasando el límite permitido, el procedimiento no se limita a una multa. La persona queda a disposición del Juez Cívico y el vehículo es enviado al corralón, lo que implica trámites, costos de liberación y la necesidad de un acompañante sobrio que pueda conducir o de un servicio alternativo para regresar a casa.
Los operativos de este tipo suelen concentrarse en horarios nocturnos y en vialidades con mayor flujo, aunque el reporte no detalla los puntos exactos de revisión ni los rangos de alcohol medidos. Tampoco precisa el monto de las sanciones económicas ni el número de pruebas aplicadas en total, por lo que la cifra de 81 sancionados corresponde únicamente a quienes superaron el límite y fueron presentados ante la autoridad cívica.
La retención de dos unidades del servicio público añade un elemento de interés para los usuarios del transporte: cuando un operador es sancionado, la unidad sale de circulación y el servicio puede verse afectado en la ruta correspondiente. El reporte no identifica a qué rutas o concesionarios pertenecen esos vehículos.
Más allá del saldo inmediato, el operativo plantea una discusión recurrente sobre la efectividad de los filtros de alcoholímetro. La evidencia disponible en el reporte es acotada: no hay comparación con periodos anteriores ni datos sobre reincidencia, elementos que permitirían medir si la estrategia disuade o solo traslada el problema.
Lo que sí queda claro es el costo práctico para los sancionados: comparecer ante el Juez Cívico, pagar la liberación del vehículo y resolver la movilidad propia y de quienes dependían de ese automóvil. Para el resto de la ciudadanía, el mensaje es directo: durante los festejos patrios los filtros seguirán instalados y la probabilidad de ser detenido al conducir después de beber se mantiene vigente.