Alrededor de 800 jóvenes de Sinaloa participan en el programa Jóvenes Unen al Barrio, una estrategia de prevención que arrancó en Culiacán, Mazatlán y Navolato y que busca atender a personas que por el momento no estudian ni trabajan. El director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Enrique García, calificó como histórico que la entidad ya cuente con esa cifra de participantes durante una visita a la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
En esa localidad, el funcionario federal acompañó a la gobernadora Graciela Domínguez Nava en una nueva edición de las Jornadas de Paz, un operativo itinerante que acerca servicios de los tres órdenes de gobierno a las comunidades. Según los datos expuestos, solo en Villa Juárez se registran 220 jóvenes dentro del programa, una cifra que las autoridades presentan como señal de avance en la atención a población en situación de desocupación.
El propio García planteó una pregunta para dimensionar el alcance de la estrategia: qué pasaría con esos 220 jóvenes si no estuvieran incorporados al programa. La interrogante resume el enfoque preventivo que se busca dar a la iniciativa, dirigida a jóvenes que no estudian ni trabajan y también a quienes enfrentan problemas de adicciones.
El programa no es nuevo. De acuerdo con la explicación del funcionario, Jóvenes Unen al Barrio se aplicó primero en la Ciudad de México, donde se reportaron buenos resultados con población juvenil en condiciones similares. Esa experiencia sirvió de base para replicarlo en Sinaloa, con el respaldo del gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.
La estrategia forma parte de un conjunto más amplio de acciones orientadas a atender las causas del delito. Entre ellas se mencionan las Jornadas de Paz, el desarme voluntario y el programa Jóvenes Unen al Barrio. A estas se sumará en los próximos días una nueva acción denominada México Imparable, que se desarrollará en Culiacán, según lo expuesto durante la actividad.
Las Jornadas de Paz funcionan como una ventanilla móvil de servicios. En ellas se tramitan pensiones para adultos mayores que no cuentan con el beneficio, apoyos para personas con discapacidad, actas gratuitas, cortes de cabello a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, atención médica y módulos de desarme voluntario, entre otros servicios sociales. La intención es evitar que la población tenga que trasladarse a las cabeceras municipales para realizar trámites básicos.
El operativo no se limita a la instalación de módulos en las plazas principales. Personal de los tres órdenes de gobierno realiza un recorrido casa por casa para recoger peticiones y detectar necesidades de la población. En esta ocasión, la gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó ese recorrido por las viviendas de Villa Juárez, lo que las autoridades presentaron como un ejercicio de contacto directo con la comunidad.
Para los habitantes de zonas como Villa Juárez, la llegada de estos operativos representa una oportunidad de acceder a trámites y servicios sin costo y sin desplazamientos largos. Para el gobierno, la apuesta es que la atención a jóvenes sin estudio ni empleo reduzca factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, aunque los resultados de esa estrategia aún no se detallan con indicadores públicos en la información disponible.
El reto inmediato es sostener la participación de los 800 jóvenes ya incorporados y ampliar la cobertura a otros municipios. La continuidad del respaldo federal y la capacidad de las instancias estatales y municipales para dar seguimiento a los casos serán determinantes para que el programa pase de la cifra inicial a un impacto medible en las comunidades donde opera.