La directora del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, Araceli García Rico, participó en el foro de análisis de la nueva legislación en materia de feminicidio convocado por el Senado de la República, a invitación de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En el encuentro, la funcionaria municipal compartió mesa con la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, la doctora Patricia Olamendi Torres, abogadas litigantes, académicas y sobrevivientes de violencia de género.
Durante su intervención, García Rico planteó la urgencia de establecer fiscalías especializadas y de contar con personal médico legista y de psicología en cada comunidad, condiciones que consideró indispensables para garantizar el acceso a la justicia y la atención integral de las víctimas en todo el país. La propuesta coincide con uno de los ejes del debate legislativo sobre el delito de feminicidio, que busca reforzar los mecanismos legales y los servicios periciales en los territorios donde las carpetas de investigación suelen enfrentar retrasos por falta de especialistas.
La representación del XV Ayuntamiento de Los Cabos en este espacio legislativo se dio en un contexto de revisión nacional de las normas penales y de atención a la violencia feminicida. La participación del municipio respondió a una convocatoria directa de la senadora Mícher Camarena, lo que permitió a la directora exponer las estrategias locales de atención que opera la actual administración, entre ellas la Mesa Violeta y las Unidades de Atención Libres de Violencia (UALIVI).
La Mesa Violeta y las UALIVI son dispositivos municipales que buscan ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo social a mujeres en situación de violencia. De acuerdo con la información difundida, estos modelos continúan bajo la responsabilidad del primer regidor en funciones de presidente municipal por ministerio de ley, José Manuel Larumbe Pineda, quien encabeza la administración municipal en tanto se define la situación del cargo.
La pertinencia de llevar estas experiencias locales a un foro nacional radica en que las fiscalías especializadas y el personal médico legista y psicológico suelen ser más escasos en municipios alejados de las capitales. En el caso de Los Cabos, la dispersión geográfica entre San José del Cabo, Cabo San Lucas y las comunidades rurales de la zona norte representa un reto adicional para que las víctimas accedan a servicios periciales y de acompañamiento sin tener que trasladarse largas distancias.
El foro del Senado sobre la nueva legislación en materia de feminicidio reúne a especialistas, funcionarias y organizaciones de la sociedad civil para discutir ajustes al marco legal vigente. Entre los temas que se han abordado en estos ejercicios están la tipificación del delito, las medidas de reparación del daño, la protección a familiares de las víctimas y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la atención de casos.
Para la ciudadanía de Los Cabos, la participación del instituto municipal en este debate legislativo puede traducirse en la incorporación de las necesidades locales en las reformas que se discutan. La existencia de fiscalías especializadas y de personal médico legista y psicológico en cada comunidad es una demanda recurrente de colectivos de mujeres y familiares de víctimas, quienes han señalado que la falta de estos servicios retrasa las investigaciones y revictimiza a quienes denuncian.
El Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos no informó sobre compromisos concretos derivados del foro ni sobre fechas para la implementación de nuevas medidas. La discusión legislativa continúa en el Senado, donde se espera que las conclusiones de estos análisis incidan en el dictamen final. Mientras tanto, la operación de la Mesa Violeta y las UALIVI sigue siendo el principal mecanismo local de atención a mujeres en situación de violencia en el municipio.