El Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California y la Secretaría de Inclusión Social del estado sostuvieron un encuentro para trazar una agenda de trabajo conjunta que garantice el acceso a los servicios registrales y el derecho a la identidad de grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades migrantes y personas en situación de calle.
La reunión, encabezada por el delegado del INE en la entidad, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, se realizó en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva y contó con la participación de la secretaria de Inclusión Social, María Isabel Adame, acompañada de su equipo de trabajo.
El derecho a la identidad, reconocido en la Constitución, se materializa en buena medida a través de la Credencial para Votar, documento que además de habilitar el ejercicio del voto funge como identificación oficial ante trámites y servicios de la vida cotidiana.
En este sentido, se planteó la importancia de que las comunidades migrantes y las personas en situación de calle puedan acceder a este derecho a través de los trámites y mecanismos con que cuenta el Instituto para su inscripción y actualización en el Padrón Electoral.
Entre los primeros puntos acordados se encuentran la difusión de protocolos de atención y trámites de actualización de datos dirigidos a estas poblaciones, con miras a fortalecer, en próximas reuniones, la coordinación interinstitucional que facilite su acceso a los servicios registrales y al ejercicio de sus derechos político-electorales.
Esta colaboración busca reducir las barreras burocráticas que enfrentan las personas en situación de calle y los migrantes, quienes a menudo carecen de documentos básicos para acceder a programas sociales, servicios de salud o empleo formal.
La credencial del INE es uno de los documentos de identificación más utilizados en México, por lo que su obtención resulta clave para que estos grupos puedan ejercer otros derechos y acceder a oportunidades.
El acuerdo se da en un contexto donde la inclusión social es una prioridad en la agenda pública, y la coordinación entre instituciones es esencial para llegar a poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas.
Ambas instancias se comprometieron a dar seguimiento a los acuerdos y a evaluar los avances en próximas reuniones, con el objetivo de que los beneficios se materialicen en el corto plazo.
