La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral aprobó recomendaciones a los Programas Anuales de Trabajo 2026 de seis partidos políticos: PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena. La revisión se centró en el ejercicio del 3% del financiamiento público ordinario que cada instituto debe destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, un rubro que forma parte de las obligaciones legales en materia de paridad.
El análisis no se limitó a verificar el cumplimiento administrativo. La comisión revisó objetivos, metas, actividades y diagnósticos con una metodología que incorporó perspectivas de género, derechos humanos, igualdad sustantiva, interculturalidad e interseccionalidad. También se evaluaron la población objetivo, el alcance territorial, la accesibilidad de las acciones y la congruencia entre lo que cada partido diagnostica y lo que finalmente planea ejecutar.
Entre los hallazgos, la comisión identificó áreas de mejora recurrentes. Recomendó fortalecer los diagnósticos y la información metodológica de los proyectos, mejorar la coherencia entre objetivos, actividades, metas e indicadores, y desarrollar mecanismos de seguimiento más claros. Asimismo, pidió delimitar con mayor precisión a la población beneficiaria y el alcance territorial de cada programa, incorporar medidas de accesibilidad y enfoques diferenciados, y articular mejor los subrubros de capacitación, investigación y difusión.
La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la comisión, sostuvo que el presupuesto destinado a estas actividades no es un recurso accidental, sino una inversión para consolidar la igualdad sustantiva. Su llamado a los partidos fue a robustecer la planeación de los programas, de modo que las mujeres cuenten con herramientas efectivas para participar en la vida pública y política en condiciones de igualdad.
El contexto de estas recomendaciones es relevante. La violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para su participación plena. Los lineamientos vigentes obligan a los partidos a prevenir, atender, sancionar y reparar este tipo de violencia, y los programas de capacitación y liderazgo son una de las vías institucionales para cerrar brechas de participación. Que el dinero etiquetado para ese fin se ejerza con diagnósticos sólidos y metas verificables no es un detalle administrativo: impacta directamente en la calidad de la democracia.
La revisión de los programas estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que recibió los documentos remitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización. A partir de ese análisis, la comisión también previó seguimientos institucionales a cargo de ambas unidades, con el fin de dar continuidad a las recomendaciones y verificar su incorporación en los programas de los partidos.
Además, se contemplan capacitaciones dirigidas a las personas responsables de la planeación, ejecución, control y seguimiento de los programas. Estos espacios de formación abordarán la construcción de diagnósticos, la definición de población beneficiaria, el seguimiento de resultados y la incorporación de las perspectivas de género, interseccional e intercultural. La medida busca que las áreas partidistas cuenten con herramientas técnicas para traducir los objetivos de igualdad en acciones concretas.
En el plano práctico, la comisión instruyó a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación a coordinar la definición de contenidos y solicitar la colaboración de la Unidad Técnica de Fiscalización para incorporar, dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación, un banner en el Portal de Fiscalización. Ese espacio difundirá información sobre el ejercicio de los recursos destinados al liderazgo político de las mujeres y el avance de resultados de los programas mediante boletines, infografías, materiales gráficos, indicadores o numeralia.
Para la ciudadanía, el ejercicio de estos recursos importa porque se trata de dinero público. La publicación de indicadores y resultados permite evaluar si los partidos cumplen con el objetivo de ampliar la participación política de las mujeres o si el gasto se diluye en actividades sin impacto verificable. La transparencia en este rubro es una condición para que la paridad no se quede en el discurso y se traduzca en oportunidades reales de representación.