El gobierno de Guerrero programó para 2026 una inversión superior a 101 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje y saneamiento en la región Sierra, con las que prevé atender a más de 18 mil habitantes de 24 localidades. El anuncio lo hizo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien sostuvo que se trata de infraestructura básica para comunidades que durante años quedaron fuera de este tipo de proyectos.
La cifra se suma a los más de 70 millones de pesos ejercidos entre 2022 y 2025 por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) en proyectos ejecutivos y obras hidráulicas de 10 localidades, con cobertura para más de 5 mil habitantes. Con ello, la inversión acumulada en la región asciende a 171 millones de pesos y el impacto estimado supera los 28 mil beneficiarios, según el recuento de la propia comisión.
El titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, detalló que al cierre de 2026 se habrán ejecutado 24 acciones que incluyen 83 kilómetros de tubería en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable, además de 907 tomas domiciliarias. En drenaje sanitario se contemplan 2 mil 200 metros de tubería para colectores y redes de atarjeas, así como 93 descargas domiciliarias.
La dimensión de la obra permite dimensionar el rezago: los 83 kilómetros de tubería equivalen, en términos comparativos, al recorrido carretero de Chilpancingo a Chichihualco de ida y vuelta. Para las familias de la Sierra, la ampliación de redes y tomas significa dejar de depender de acarreo manual o de fuentes intermitentes, mientras que el drenaje reduce riesgos sanitarios asociados al manejo inadecuado de aguas residuales.
El contexto institucional de estas obras se remonta a 2022, cuando la Sierra fue reconocida legalmente como la octava región del estado. Ese cambio permitió canalizar mayores recursos y atención institucional a una zona con dispersión poblacional y accesos limitados, condiciones que encarecen la construcción y mantenimiento de infraestructura. La administración estatal sostiene que las acciones se llevan también a localidades, no solo a cabeceras municipales.
El funcionamiento de algunos sistemas por gravedad es uno de los aspectos técnicos previstos. Este diseño reduce la necesidad de bombeo y, con ello, el consumo de energía eléctrica y los costos de operación, un factor relevante en comunidades donde el servicio eléctrico y el mantenimiento pueden ser costosos o irregulares. La sostenibilidad de los sistemas dependerá, sin embargo, de la capacidad de los comités locales y de los municipios para dar mantenimiento y cobrar cuotas suficientes.
La ejecución incorpora mano de obra de las propias comunidades, de acuerdo con la información difundida, lo que genera actividad económica local. También se prevén esquemas de contraloría social para que los habitantes vigilen que los trabajos se apeguen a los proyectos y especificaciones. Estos mecanismos son relevantes en un estado donde la transparencia en obra pública ha sido un reclamo recurrente de organizaciones civiles.
La gobernadora afirmó que no se dejarán obras inconclusas y que se trabaja con materiales de calidad y criterios técnicos para que los beneficios perduren. El reto práctico será verificar que las 24 acciones concluyan en los plazos previstos y que las tomas y descargas efectivamente lleguen a los hogares, pues la ampliación de cobertura no garantiza por sí sola el servicio continuo si no se asegura el suministro y la operación de los sistemas.
Para las comunidades de la Sierra, el impacto esperado se concentra en salud pública y tiempo de las familias, especialmente de mujeres y niñas que suelen encargarse del acarreo de agua. La inversión también plantea una prueba para la coordinación entre el gobierno estatal, los municipios y los comités comunitarios, actores que deberán sostener la infraestructura una vez concluidas las obras.