El gobierno de Baja California Sur entregó en comodato por 50 años un predio de 2.5 hectáreas a la Unión Ganadera Regional (UGR), en un acto encabezado por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. El espacio, que beneficiará a 30 asociaciones ganaderas del estado, se destinará a acciones técnicas y productivas para el sector. Durante el mismo encuentro, el mandatario anunció que a partir de 2027 los ganaderos de la entidad contarán con un seguro de vida, con el objetivo de ampliar la protección social de quienes dependen de esta actividad.
La entrega del predio responde a una demanda de infraestructura del sector ganadero, que durante años ha operado con espacios limitados para capacitación, manejo de ganado y actividades sanitarias. El comodato por cinco décadas otorga certidumbre jurídica a la UGR para desarrollar proyectos de largo plazo, aunque el documento no detalla aún el monto de inversión ni el calendario de obras que se realizarán en el terreno.
El seguro de vida anunciado para 2027 representa una medida de protección social sin precedentes para el sector en el estado. Hasta ahora, los ganaderos han carecido de esquemas formales de seguridad social vinculados a su actividad, lo que los deja expuestos ante accidentes o fallecimientos que afectan tanto a sus familias como a la continuidad de sus unidades productivas. La fecha de entrada en vigor, sin embargo, queda fuera del actual periodo de gobierno, lo que plantea dudas sobre su implementación efectiva.
Castro Cosío destacó que durante su administración se han destinado 383 millones de pesos al impulso de la ganadería, mediante trabajos orientados a mejorar las condiciones de quienes viven de esta labor. El gobernador también subrayó que Baja California Sur se mantiene como referente nacional en sanidad animal, resultado del trabajo coordinado entre productores y autoridades para proteger la producción pecuaria.
La ganadería es una actividad económica relevante en las zonas rurales de Baja California Sur, particularmente en municipios como La Paz, Comondú y Mulegé, donde las familias dependen de la cría de bovinos, caprinos y ovinos. La sanidad animal ha sido un pilar para mantener el estatus zoosanitario que permite la comercialización de productos locales en mercados nacionales e internacionales, aunque los productores enfrentan retos como la sequía, el encarecimiento de insumos y la falta de relevo generacional.
El anuncio del seguro de vida se suma a otros programas de apoyo al campo, pero su operación dependerá de la asignación presupuestal en el siguiente ejercicio fiscal y de la continuidad administrativa. La entrega del predio, en cambio, tiene efectos inmediatos al otorgar a la UGR un espacio propio para realizar acciones técnicas y productivas en beneficio de sus agremiados.
Para los ganaderos, el acceso a un predio en comodato y la promesa de un seguro de vida representan un respaldo institucional que podría mejorar sus condiciones de trabajo y protección familiar. Sin embargo, la distancia entre el anuncio y la implementación concreta —el seguro comenzaría en 2027— deja abierta la pregunta sobre cómo se financiará y si el próximo gobierno dará continuidad al compromiso.
El respaldo al sector ganadero se enmarca en una estrategia estatal que busca fortalecer la actividad primaria y las cadenas de valor locales. La medida tendrá un impacto directo en las 30 asociaciones beneficiadas y en las familias que dependen de la ganadería, aunque su alcance final dependerá de la instrumentación efectiva de ambos compromisos.