El municipio de El Fuerte fue sede de una asamblea regional en la que autoridades tradicionales, representantes y comunidades del Pueblo Mayo-Yoreme entregaron propuestas para la construcción de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un ordenamiento que a nivel nacional busca reconocer derechos colectivos y establecer obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
La reunión forma parte de un proceso de consulta previa, libre e informada que suma alrededor de 50 asambleas regionales en el país, coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En Sinaloa, el ejercicio se centró en escuchar directamente las necesidades, inquietudes y planteamientos de las comunidades, con la participación de servidores públicos federales, estatales y municipales.
Entre los temas abordados durante la jornada estuvieron el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, la libre determinación, la autonomía, la igualdad, la interculturalidad, la no discriminación, la consulta y el pluralismo jurídico. También se discutieron la protección del territorio, el patrimonio cultural y las lenguas, los sistemas normativos y las formas de gobierno propias.
La iniciativa contempla además disposiciones sobre acceso a infraestructura, vivienda, servicios y acciones para el desarrollo integral de los pueblos originarios, así como mecanismos para fortalecer los derechos de mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se prevé que la participación en las decisiones que les conciernen sea libre, informada y culturalmente adecuada.
En representación del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, señaló que la legislación debe partir de la voz de quienes viven las necesidades de sus comunidades. Afirmó que el proceso representa una forma distinta de construir políticas y leyes, basada en el diálogo y el respeto, y no solo en la elaboración de una propuesta normativa.
El funcionario sostuvo que durante muchos años las decisiones sobre los pueblos indígenas se tomaron sin escuchar suficientes voces y consideró que las mejores leyes nacen de la participación. Reafirmó el compromiso de la administración estatal, encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, de acompañar el ejercicio con apertura y respeto hacia los pueblos originarios.
En la asamblea participaron Silvina Valenzuela Valenzuela, gobernadora tradicional de la comunidad Mayo-Yoreme de La Florida, en Ahome; Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira; Carlos Treviño, consultor jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Eduardo Rodríguez, director general de Participación y Consultas de la Secretaría de Gobernación; Nelson Vázquez Merino, director de Participación y Consultas del INPI, y Maximino Muñoz, director de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También asistieron la senadora Ana Francis Chiquete, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, y representantes de comunidades y autoridades de distintos órdenes de gobierno. La presencia de instancias federales, estatales y municipales refleja que el debate sobre la ley involucra competencias compartidas en materia de derechos indígenas, territorio, justicia y desarrollo social.
Para las comunidades, el resultado de este proceso legislativo podría traducirse en cambios concretos en la forma en que se toman decisiones sobre sus territorios, recursos y formas de organización. La discusión sobre el reconocimiento como sujetos de derecho público y la autonomía apunta a modificar la relación entre el Estado y los pueblos originarios, mientras que los temas de infraestructura, vivienda y servicios inciden directamente en las condiciones de vida cotidianas.
La asamblea de El Fuerte se suma a un calendario nacional de consultas que busca que la futura ley recoja las particularidades de cada pueblo. El reto será que las propuestas recogidas en estos ejercicios se reflejen en el texto final y que su aplicación tenga efectos verificables en el acceso a derechos, justicia y desarrollo para las comunidades Mayo-Yoreme y del resto del país.