Un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (MARINA), la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Mulegé logró el aseguramiento de 11 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en el poblado de Santa Rosalía, Baja California Sur. La acción, denominada “Cámaras Parásitas”, fue ejecutada por la Mesa Estatal de Seguridad como parte de los trabajos de inteligencia para inhibir actividades delictivas.
Durante el despliegue, los elementos realizaron recorridos de inspección en distintos puntos de la localidad para detectar dispositivos que incumplían con la normatividad vigente. Tras una revisión minuciosa, localizaron y aseguraron 11 equipos de videovigilancia, los cuales quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Este tipo de operativos busca desarticular mecanismos utilizados para el monitoreo ilegal, que suelen ser empleados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las autoridades y de la ciudadanía. La presencia de cámaras no autorizadas representa un riesgo para la privacidad de los habitantes y puede facilitar actividades como el narcomenudeo, la extorsión o el robo.
La Mesa Estatal de Seguridad ha señalado que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de seguridad orientada a fortalecer las labores de prevención, investigación y combate a la delincuencia. Asimismo, se refrendó el compromiso de mantener la coordinación operativa y el intercambio de información entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Para los residentes de Santa Rosalía, el aseguramiento de estas cámaras podría traducirse en una mayor sensación de seguridad, al saber que se han retirado dispositivos que operaban al margen de la ley. No obstante, el hecho también pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de regulación para la instalación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos y privados.
En el contexto nacional, la proliferación de cámaras de seguridad no reguladas ha sido un tema recurrente en diversas entidades. Autoridades de varios estados han implementado operativos similares para identificar equipos que no cuentan con los permisos correspondientes o que son utilizados con fines ilícitos. Baja California Sur no es la excepción, y este tipo de intervenciones busca garantizar que la tecnología no sea empleada en contra de la población.
El caso de Santa Rosalía es un ejemplo de cómo la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales puede dar resultados concretos en materia de seguridad pública. La integración de la carpeta de investigación permitirá determinar el origen y propósito de las cámaras aseguradas, así como identificar a los responsables de su instalación.
La gobernanza en materia de vigilancia y el respeto a la privacidad son temas que seguirán en la agenda de la Mesa Estatal de Seguridad. Por lo pronto, las autoridades han reiterado su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier instalación sospechosa de cámaras en sus comunidades, como parte de la corresponsabilidad en la prevención del delito.
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En un operativo de la Mesa Estatal de Seguridad en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, fueron aseguradas 11 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular. Los dispositivos quedaron a disposición del Ministerio Público para investigar su uso.
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