Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron alrededor de seis toneladas de cigarros apócrifos durante cuatro cateos realizados en inmuebles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. El operativo reunió a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que localizaron 547 cajas del producto listo para distribución.
La indagatoria no surgió en la capital. De acuerdo con la información disponible, el punto de partida fue el seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en Huixquilucan, Estado de México, donde se aseguraron máquinas para elaborar, confeccionar, empaquetar y distribuir el producto. A partir de esas pesquisas se identificaron cuatro inmuebles usados como almacenes de cigarros destinados a su venta final, y un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo correspondientes.
En los inmuebles de la colonia Morelos se encontraron 236 cajas de cigarros en unos espacios y 311 en otros, hasta sumar las 547 cajas que, según la estimación oficial, equivalen a unas seis toneladas. Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones, mientras los inmuebles fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial.
El caso ilustra una cadena que va más allá del punto de venta: la fabricación, el empaquetado y el almacenamiento de cigarros sin registro se distribuyen entre distintas entidades y colonias densamente pobladas. La colonia Morelos, en el centro de la capital, es una zona con alta actividad comercial y presencia de mercancías de procedencia irregular, lo que la convierte en un punto sensible para el almacenamiento y la distribución de productos apócrifos.
Para la ciudadanía, el aseguramiento tiene efectos prácticos en dos frentes. Por un lado, retira del mercado un lote de cigarros cuya procedencia y condiciones sanitarias no están verificadas, lo que representa un riesgo para quienes los consumen. Por otro, golpea una red de almacenamiento que abastece puntos de venta minorista, aunque las autoridades no han informado sobre detenciones ni sobre las personas físicas o morales responsables de los inmuebles.
El operativo también muestra el peso de la coordinación interinstitucional en delitos que cruzan fronteras estatales. La investigación que comenzó en Huixquilucan derivó en cateos en la Ciudad de México, lo que sugiere que las autoridades siguen una misma línea de distribución. Sin embargo, el material disponible no precisa cuántas personas están vinculadas al caso ni el valor comercial estimado de lo asegurado.
El mercado de cigarros apócrifos no es un fenómeno menor. Además de evadir impuestos y controles sanitarios, estos productos suelen elaborarse sin supervisión y se venden a precios por debajo del mercado formal, lo que afecta a comerciantes establecidos y a las finanzas públicas. La cadena de fabricación y distribución requiere espacios de almacenamiento como los cateados, por lo que los aseguramientos buscan interrumpir el abasto antes de que llegue al consumidor.
Las autoridades no han detallado si los inmuebles asegurados operaban como bodegas principales o como puntos de redistribución, ni si la investigación incluye otras direcciones. El Ministerio Público deberá determinar la situación jurídica de los espacios y, en su caso, de las personas relacionadas con la posesión de la mercancía. Por ahora, los cuatro predios permanecen sellados y bajo vigilancia.
El caso se suma a otros operativos contra productos ilegales en la capital y en el Estado de México, donde la venta de mercancía apócrifa ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades fiscales y sanitarias. La investigación continúa y se espera que en los próximos días se den a conocer avances sobre la identidad de los responsables y el destino final de los cigarros asegurados.