El Congreso de Nuevo León avanzó en un proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García, en medio de una nueva escalada entre el Ejecutivo estatal y las bancadas opositoras dentro del Legislativo local.
La Comisión Anticorrupción fue convocada para analizar la procedencia del trámite. Medios nacionales y locales han reportado que el expediente se relaciona con señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, mientras Movimiento Ciudadano ha rechazado el proceso y lo considera parte de una disputa política.
El caso tendrá impacto más allá de Nuevo León. Monterrey es una de las sedes mexicanas del Mundial 2026 y cualquier crisis institucional en el estado puede cruzarse con la agenda de seguridad, turismo, movilidad y coordinación federal que exige el torneo.
Por ahora, el proceso debe leerse con cautela: avanzar legislativamente no equivale a una sanción firme. La siguiente etapa deberá mostrar si existen elementos jurídicos suficientes o si el expediente se mantiene como parte del pulso político que ha marcado la relación entre el gobernador y el Congreso local.