El gobierno municipal de Toluca publicó el Protocolo de Actuación para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, un instrumento administrativo de cumplimiento obligatorio para las dependencias locales. El documento establece reglas de atención, prevención y resguardo para quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de causas sociales en la capital mexiquense.
La publicación ocurre en un contexto nacional en el que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. De acuerdo con organizaciones civiles y mecanismos internacionales, la violencia contra comunicadores y defensores de derechos humanos se concentra en agresiones, amenazas y, en los casos más graves, homicidios que en su mayoría permanecen impunes. La existencia de protocolos locales busca cerrar brechas entre las normas federales y la actuación cotidiana de las policías municipales.
El alcalde Ricardo Moreno sostuvo que las autoridades actuarán bajo esquemas de coordinación, debida diligencia y máxima protección cuando esté en riesgo la libertad o la integridad física de periodistas y defensores. El documento se apega a las disposiciones de la Constitución Federal, a tratados internacionales y a leyes estatales vigentes, según el planteamiento oficial.
El protocolo se rige por principios de legalidad, dignidad humana, igualdad, no discriminación, confidencialidad y no revictimización. Estos criterios son relevantes porque las personas agredidas suelen enfrentar procesos administrativos o penales que las colocan de nuevo en situación de vulnerabilidad, además de que la confidencialidad es clave para que las denuncias no expongan a quienes las presentan.
Para asegurar su aplicación, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca analizaron previamente los contenidos y lineamientos del instrumento. El marco guiará el proceder de los efectivos en futuras intervenciones ante protestas, marchas y eventos públicos en la capital del Estado de México, escenarios donde históricamente se han documentado detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y obstrucción de la labor periodística.
La difusión del protocolo no resuelve por sí sola los riesgos que enfrentan quienes cubren manifestaciones o acompañan causas sociales. Su efectividad dependerá de que los mandos policiacos lo traduzcan en órdenes concretas, de que existan canales de denuncia accesibles y de que las agresiones se investiguen con resultados. También será necesario que la ciudadanía y los propios gremios conozcan el documento para exigir su cumplimiento.
En el plano práctico, la publicación del protocolo implica que cualquier persona que se identifique como periodista o defensor de derechos humanos durante una movilización en Toluca podrá solicitar atención bajo estos lineamientos. Las corporaciones quedan obligadas a actuar con debida diligencia y a evitar prácticas que revictimicen a los afectados, aunque la vigilancia de ese cumplimiento recae en los propios afectados, en organismos de derechos humanos y en la contraloría municipal.
El reto inmediato es que el protocolo no quede como un documento declarativo. La experiencia en otros municipios muestra que los avances dependen de la capacitación continua, de la asignación de responsables claros y de la voluntad política para sancionar a los elementos que incumplan. Toluca tendrá que demostrar en las próximas movilizaciones si estas reglas modifican de fondo la relación entre la policía municipal y quienes ejercen la libertad de expresión.