En un esfuerzo por robustecer el marco legal contra el feminicidio, senadoras, senadores, especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, fiscalías, poderes públicos, familiares de víctimas y sobrevivientes presentaron sus propuestas para enriquecer la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
La reunión, celebrada en el Senado de la República, tuvo como objetivo recoger las voces de diversos sectores para mejorar el dictamen que busca tipificar de manera más clara el feminicidio y garantizar su persecución efectiva. Los participantes coincidieron en que la ley debe ser integral, con enfoque de género y derechos humanos.
Entre las propuestas destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, así como la creación de fiscalías especializadas y la capacitación del personal de procuración de justicia. También se planteó la importancia de la participación de las víctimas y sus familias en el proceso, así como la implementación de medidas de protección y reparación integral.
El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. En México, según datos oficiales, se registran más de 3,000 muertes violentas de mujeres al año, de las cuales una parte son clasificadas como feminicidios. La nueva ley busca homologar criterios en todo el país y evitar la impunidad.
La iniciativa, que fue presentada por el Ejecutivo Federal en noviembre de 2025, ha sido objeto de análisis en el Senado. Con estas aportaciones, se espera que el dictamen sea aprobado en los próximos meses y que la ley entre en vigor durante 2026.
Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han señalado que la ley debe incluir mecanismos de seguimiento y evaluación, así como la creación de un banco nacional de datos sobre violencia contra las mujeres. También han insistido en la necesidad de armonizar las leyes estatales con la nueva norma.
Para las familias de víctimas, la ley representa una esperanza de justicia. Muchas de ellas han denunciado fallas en las investigaciones y han exigido que se reconozca el feminicidio como un delito autónomo, con penas ejemplares. La participación de sobrevivientes en la mesa de trabajo fue un paso importante para visibilizar sus demandas.
La senadora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien encabezó la reunión, agradeció las aportaciones y se comprometió a integrarlas en el dictamen. "Este es un esfuerzo colectivo para garantizar que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer", afirmó.
La nueva ley también contempla la creación de un registro nacional de feminicidas y la implementación de alertas de violencia de género. Además, se busca que las fiscalías cuenten con unidades especializadas y que los ministerios públicos reciban formación continua en perspectiva de género.
Con estas propuestas, el Senado avanza en la construcción de un marco legal más sólido para combatir el feminicidio. La sociedad civil y los especialistas han dejado claro que la ley debe ser una herramienta efectiva para prevenir, investigar y sancionar este delito, y que su aplicación no debe quedar en letra muerta.