Al inicio del ciclo escolar 2026-2027, alrededor de 86 planteles educativos de Sinaloa operaban sin suministro eléctrico. A casi un mes y medio de ese diagnóstico, la cifra se redujo a diez escuelas que aún no recuperan la energía, según informó la gobernadora Graciela Domínguez Nava durante una actividad pública en Ahome. La mandataria estatal sostuvo que resolver esos casos es un tema prioritario y que las comunidades escolares deben tener confianza en que el servicio se restablecerá en el menor tiempo posible.
Domínguez Nava explicó que las diez escuelas que permanecen sin luz corresponden a los casos más complejos, pues requieren trabajos de mayor duración que los previstos en la meta inicial de un mes y medio. Añadió que en esos planteles las labores ya presentan avances y que el compromiso es concluir la rehabilitación antes de que termine el año.
La gobernadora también informó que se detectaron dos casos nuevos de planteles con necesidades de reparación eléctrica. Ambos ya están contemplados dentro del seguimiento que realiza su administración, aunque no detalló montos, empresas responsables ni fechas específicas de conclusión para cada uno.
El contexto presupuestal representa un obstáculo reconocido por la propia mandataria. Domínguez Nava señaló que el cierre del año coincide con el agotamiento del presupuesto destinado a infraestructura educativa, por lo que se requerirán esfuerzos adicionales para atender los pendientes. La prioridad declarada es que ninguna escuela opere sin energía eléctrica.
La falta de suministro eléctrico en planteles escolares tiene efectos directos sobre la actividad cotidiana: limita la iluminación de aulas, el uso de equipos de cómputo, la operación de sistemas de ventilación y, en temporadas de calor, puede afectar la permanencia de estudiantes y docentes en condiciones adecuadas. En zonas rurales o periféricas, donde los planteles suelen depender de la red pública sin respaldo alterno, la interrupción se traduce en suspensión de clases o en actividades reducidas.
El seguimiento anunciado por el gobierno estatal implica que las escuelas afectadas permanecerán bajo observación hasta que se restablezca el servicio. Sin embargo, la información disponible no precisa cuáles son los diez planteles pendientes, en qué municipios se ubican ni cuál es el calendario de intervención. Esos datos son relevantes para las familias que necesitan planificar la asistencia de sus hijos y para las comunidades que buscan exigir resultados.
La meta original de resolver los 86 casos en un mes y medio está próxima a cumplirse, de acuerdo con la gobernadora. El hecho de que diez escuelas hayan requerido más tiempo sugiere que los problemas eléctricos en la infraestructura educativa no son homogéneos: algunos responden a fallas simples y otros a deterioros mayores que exigen obra pública, permisos o coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.
El cierre del año fiscal añade presión. Cuando el presupuesto de infraestructura educativa ya fue ejercido, la atención de casos nuevos o pendientes depende de reasignaciones, ahorros o gestiones extraordinarias. La gobernadora reconoció que se harán esfuerzos para atenderlos, pero no especificó de dónde provendrán los recursos ni si se comprometerán partidas del siguiente ejercicio.
Para las comunidades escolares, el anuncio representa un reconocimiento del problema y una promesa de solución, pero también una advertencia de que el proceso podría extenderse más allá del plazo inicial. La utilidad práctica de la información dependerá de que las autoridades publiquen el listado de planteles pendientes, los montos destinados y las fechas comprometidas, datos que hasta ahora no se han detallado.