El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión de Justicia Penal para Adolescentes, anunció un nuevo programa de atención integral dirigido a menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley.
La estrategia, presentada en una sesión de trabajo, busca articular a diversas dependencias estatales y federales para brindar capacitación laboral, actividades deportivas y recreativas, programas de salud mental, prevención de adicciones y fortalecimiento de la educación formal. Además, contempla donaciones de materiales educativos y deportivos, así como estrategias de acompañamiento familiar y atención psicosocial.
La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde destacó que la coordinación entre instituciones es fundamental para que los adolescentes tengan oportunidades reales de desarrollo y puedan reintegrarse positivamente a la comunidad. "Se trata de privilegiar la protección de sus derechos y la inclusión social", señaló.
La secretaria ejecutiva de SIPINNA, Connie Zazueta Castro, explicó que se pondrá especial énfasis en la restitución de derechos, como el acceso a la identidad, la educación y la protección integral. La Comisión de Justicia Penal para Adolescentes funcionará como un espacio permanente de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y organizaciones especializadas.
Durante la sesión se acordó fortalecer vínculos con asociaciones civiles para ampliar la red de apoyo, y se estableció que las instituciones participantes deberán presentar informes periódicos de avances y resultados, a fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos y dar continuidad a las acciones.
Entre los beneficiarios se encuentran adolescentes que han sido sancionados por la ley penal, pero que aún tienen oportunidad de reinsertarse socialmente. El programa busca evitar la reincidencia mediante un enfoque integral que atienda tanto las necesidades individuales como las familiares.
En la reunión participaron representantes de la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Economía, SEBIDES, SEPYC, Supremo Tribunal de Justicia, Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, DIF Sinaloa, Centro de Integración Juvenil, entre otros. La presencia de múltiples dependencias refleja la intención de abordar el problema de manera transversal.
El anuncio se da en un contexto donde la justicia penal para adolescentes en México busca pasar de un modelo punitivo a uno restaurativo, aunque persisten retos en la implementación de programas efectivos. La ciudadanía espera que esta iniciativa no quede solo en el papel y que realmente ofrezca alternativas a los jóvenes en situación vulnerable.
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El gobierno de Sinaloa presentó un programa integral que incluye talleres, salud mental y acompañamiento familiar, con el objetivo de reintegrar a adolescentes que han cometido delitos y evitar la reincidencia.
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