Las mujeres indígenas que llegan a los Centros de Justicia para las Mujeres en Sinaloa enfrentan una barrera que no aparece en las estadísticas: no pueden contar lo que les pasó en un idioma que el personal entienda. Para atender ese problema, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) planteó incorporar a la Comisión para la Atención a Grupos Indígenas de Sinaloa (COPACIS) en los mecanismos de atención, con el fin de que haya traductores y acompañamiento lingüístico cuando una víctima hable mayo-yoreme, tepehuano u otra lengua originaria.
La propuesta se presentó durante la segunda sesión del Comité Directivo del Centro de Justicia Para las Mujeres en el Estado, un espacio donde las instituciones revisan avances y carencias en la atención a víctimas. En la reunión se expuso que la coordinación con COPACIS, a través de su titular Crescencio Ramírez, permitiría cerrar esa brecha, además de sumar a asociaciones civiles y personas voluntarias que ya realizan labores de traducción en la entidad.
La subsecretaria de Planeación y Evaluación de SEBIDES, Nicté Loi Ceceña Romero, asistió en representación del titular de la dependencia, Francisco Javier Barrón. Según el planteamiento, el refuerzo no solo beneficiaría a mujeres de comunidades indígenas locales, sino también a quienes llegan a Sinaloa desde otras entidades, en particular Guerrero y Oaxaca, donde la violencia y el desplazamiento han obligado a muchas a buscar refugio fuera de sus lugares de origen.
En la sesión se dieron a conocer los servicios que ya operan en los Centros de Justicia para las Mujeres. La coordinadora general de esos espacios, Merle Dinora López Mariscal, enumeró capacitaciones, asesoría legal, acogimiento temporal de hasta 72 horas cuando las circunstancias lo requieren y entrega de apoyos productivos. Son medidas orientadas a que una mujer pueda salir del círculo de violencia con respaldo institucional, aunque el acceso a esos servicios depende de que pueda comunicar su situación desde el primer contacto.
El problema de la lengua no es menor. En Sinaloa conviven hablantes de mayo-yoreme, tepehuano y otras lenguas indígenas, muchas veces en condiciones de marginación que se suman a la violencia de género. Cuando una mujer no habla español o lo habla de forma limitada, la denuncia puede quedar en un trámite confuso, en una entrevista mal traducida o simplemente en silencio. La propia Ceceña Romero lo resumió durante la sesión: “Es algo muy importante romper con esa barrera que existe con el lenguaje, porque todas las mujeres necesitan ser atendidas sin ninguna barrera del idioma y poder expresarse”.
La incorporación de COPACIS no resuelve por sí sola el problema, pero establece un canal institucional para que la atención tenga pertinencia lingüística. En la práctica, eso implica que el personal de los centros pueda apoyarse en traductores cuando una víctima hable una lengua originaria, y que el acompañamiento legal y psicológico se dé en condiciones comprensibles. También supone coordinación con organizaciones civiles que ya hacen ese trabajo sin necesariamente formar parte de la estructura estatal.
El reto es de cobertura y continuidad. Sinaloa tiene una geografía extensa y los Centros de Justicia para las Mujeres no están en todos los municipios, de modo que muchas víctimas deben trasladarse para recibir atención. Si a eso se suma la falta de traductores disponibles en el momento en que se necesita, el riesgo es que la barrera de idioma se convierta en una barrera de acceso a la justicia. La propuesta busca atender ese punto con una coordinación permanente, no con esfuerzos aislados.
La sesión del comité también sirvió para refrendar que la atención a mujeres provenientes de otras entidades requiere respuestas específicas. Guerrero y Oaxaca aparecen como los estados de origen más mencionados entre quienes llegan a Sinaloa en situación de violencia, lo que obliga a que los servicios estatales operen con criterios de atención migrante e intercultural. La coordinación interinstitucional, según lo expuesto, busca colocar a las mujeres y sus necesidades en el centro, especialmente a quienes enfrentan condiciones adicionales que dificultan su acceso a la justicia.
El siguiente paso será concretar la participación de COPACIS en los protocolos de atención y definir cómo se articulará con el trabajo que ya realizan asociaciones y voluntarios. De esa coordinación dependerá que una mujer hablante de una lengua indígena pueda ser escuchada y atendida sin que el idioma sea el primer obstáculo.